washington - El consorcio automovilístico alemán Volkswagen fue condenado ayer en Estados Unidos a tres años de supervisión por parte de un monitor independiente y al pago de una multa criminal de 2.800 millones de dólares (2.641 millones de euros al cambio actual) por el caso del diésel. Durante la audiencia en el Tribunal Federal de Detroit (Michigan), el juez Sean Cox aseguró que este caso es “muy serio y preocupante” porque involucra a una compañía automovilística “icónica”.
“Este es un caso de fraude masivo y deliberado”, explicó Cox, que aprobó a su vez el acuerdo por importe de 4.056 millones de euros al cambio anunciado en enero entre la empresa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluía la declaración de culpabilidad por parte de la compañía de tres cargos por delitos graves.
La declaración de culpabilidad de la corporación con sede en Wolfsburg (Alemania) contempla la supervisión organizativa de la empresa durante un período de tres años, una medida que permite a Volkswagen ser controlada y analizada por parte de un monitor independiente.
Durante la audiencia judicial, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos tiene intención de nombrar al ex fiscal general adjunto del país Larry Thompson como supervisor independiente del caso Volkswagen.
También alcanzó un acuerdo con diez estados de Estados Unidos en relación con reclamaciones por el caso del diésel, a través del que la firma tendría que pagar 157,4 millones de dólares (148,4 millones de euros) en Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington. En total, la multinacional automovilística ha aceptado el pago de alrededor de 23.584 millones de euros en Estados Unidos con el objetivo de poner fin a las reclamaciones de los propietarios de los vehículos, de los reguladores medioambientales, de los estados y de los concesionarios y para realizar ofertas de recompra de los coches afectados.
Sin embargo, en Europa ni la Comisión ni gobierno como el español han presionado para que la multinacional indeminice a los afectados. - E.P.