BILBAO - El juicio por el caso Cabieces quedó ayer visto para sentencia tras las conclusiones de las defensas y las acusaciones. El fiscal mantuvo su petición de dos años de cárcel para los tres acusados por un delito de administración desleal, es decir por disponer de forma incorrecta de los fondos de Kutxabank. Sin embargo, estima que la conducta de los implicados también podría ser considerada malversación de fondos, en cuyo caso la pena sería de tres años. Será el tribunal el que deberá ahora determinar ahora si se produjo o no un quebranto de la ley y, en su caso, cuál de las dos infracciones se cometió.

La acusación particular se alineó con las tesis de la Fiscalía, aunque solicitó tres años y medio de cárcel para Mikel Cabieces y Rafael Alcorta, y dos años y tres meses para Mario Fernández. Las defensas solicitaron la absolución de los tres procesados por la contratación presuntamente irregular del exdelegado del Gobierno en Euskadi por el despacho laboralista de abogados que trabaja, entre otros, para Kutxabank. Los jueces tendrán ahora que deshacer el nudo, determinar si hubo una prestación de servicios por parte de Cabieces al banco o si por el contrario recibía un sueldo mensual sin tener una relación real con la entidad. La abogada que representa a LAB y las asociaciones de pensionistas y consumidores que han promovido la acusación particular, Jone Goirizelaia, deslizó durante sus conclusiones el debate sobre las “puertas giratorias” de la administración que ha rodeado el caso desde su estallido.

El expresidente del banco, Mario Fernández, ha reconocido durante el juicio que la contratación de Cabieces no obedecía a sus méritos laborales, fue un pago a sus servicios prestados en la lucha antiterrorista. Sin embargo, no se le buscó un sueldo a cambio de nada si no un empleo, “una salida laboral”, tras ser relevado como delegado de Gobierno. Algo, que según aseguró Fernández era “habitual” con todos los políticos que habían estado en la “primera línea” de la lucha contra ETA.

el transfondo político Su abogado, Carlos Bueren, se movió durante las conclusiones también por ese terreno. El objetivo era visualizar que no se enchufó a un amigo o a un familiar en el banco. Lo que se hizo fue permitir que Cabieces se reciclara y recuperara su carrera de abogado, que abadonó para dedicarse a la política, y además se hizo a petición de representantes de “altos cargos” de dos partidos -supuestamente Partido Popular y PSE-.

Fernández ha mantenido en secreto la identidad de los políticos que, según su versión, le solicitaron que buscara un empleo a Cabieces y el juicio ha pasado de puntillas por esa cuestión. Sin embargo, su abogado volvió a dar fuerza al trasfondo político de la causa envolviendo su intervención en una frase redonda: “Aquí no están todos los que son, ni son ninguno de los que están”.

En el juicio han coincidido dos viejos conocidos de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, que fue juez del tribunal, y Jone Gorizelaia, una habitual de ese juzgado como abogada de presos de ETA. Por ello, cuando Goirizelaia argumentó que la negativa de los procesados a responder a sus preguntas demuestra su culpabilidad, Bueren le recordó que sus defendidos en la Audiencia Nacional también optaban también por el silencio y que entonces ella “lo valoraba de otra forma”.

Es una nota a pie de página en el relato de un juicio muy mediático, pero que no ha aportado grandes novedades respecto a su camino en la instrucción.

El fiscal encargado de la causa, Antonio Cortés, incidió en que el exdelegado del Gobierno no cobraba un sueldo en contraprestación a un servicio. A su juicio, llamar salario al dinero que recibía Cabieces puede “inducir a equívoco: lo que hay es una orden de pagar unas cantidades” desde el banco a un tercero, sin que éste tuviera que trabajar por ello y “en detrimento del patrimonio de Kutxabank”. “Kutxabank siempre salía perdiendo” y Cabieces, beneficiado, sentenció el fiscal.

el rastro del dinero Centrándose en la actuación de Mario Fernández, la Fiscalía sostuvo que no es posible “mayor reconocimiento del daño causado que la devolución de esos pagos”, los 243.592 euros que cobró Mikel Cabieces durante su relación con el bufete Alcorta y Asociados y que, a razón de 5.783 euros al mes, salieron del banco.

El abogado del titular del despacho laboralista, Javier Beramendi, apostó por intentar demostrar que su defendido no tuvo más remedio que acatar una orden del entonces presidente de Kutxabank y aceptar que Cabieces entrara en su nómina de colaboradores.

Beramendi sugirió que en caso contrario se habría puesto fin a la iguala que todavía a día de hoy mantiene con el banco vasco. “Poca capacidad de negociación tenía Alcorta como despacho pequeñito con un mastodonte como Kutxabank”, afirmó el letrado.

Jesús Urraza, letrado de la defensa del ex delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, inició su informe de conclusiones poniendo el foco en la notoriedad de su defendido. “Detrás de este procedimiento sin sentido hay conceptos que nada tienen que ver con lo jurídico” y dijo que el proceso “no habría llegado a este punto” si la persona que cobró el dinero no hubiera sido un político. Es la tesis de que el juicio se celebra en un contexto social marcado por los difrentes casos de corrupción. Urraza intentó restar además credibilidad a la declaración del auditor del banco, quien sostuvo que Cabieces cobraba sin una contraprestación de servicios. No hay plazo para dictar sentencia, pero se estima que no habrá falló antes de dos meses.

5.783

El exdelegado del Gobierno español en Euskadi, Mikel Cabieces, cobró casi 6.000 euros brutos al mes durante su colaboración con el despacho de abogados que atendía asuntos laborales de Kutxabank.

El finiquito . Las acusaciones consideran probado que Cabieces no realizó ningún servicio para el banco. Una de las claves es el finiquito que iba a recibir, un cheque de algo más de 23.000 euros que suponía el pago adelantado de cuatro meses, sin una prestación de servicios concreta. Durante el juicio, Rafael Alcorta explicó que ese dinero era suyo y que era la minuta por defender a Kutxabank en un juicio. El fiscal aseguró ayer que Cabieces no cobró ese cheque porque “le quemaba las manos” tras hacerse pública la trama.

Mínimo 2 meses para el fallo. Aunque no hay un plazo preestablecido para dictar sentencia, fuentes jurídicas consultadas consideran que las deliberaciones del tribunal durarán como minimos dos meses.