bruselas - La Comisión Europea advirtió ayer a España de que acudirá a la Justicia si no mejora la protección de los consumidores ante los riesgos que entraña una hipoteca. Junto al Estado hay otros ocho países en el punto de mira por no ajustar sus sistemas a las nuevas normas europeas sobre hipotecas. Todos ellos tienen un plazo de dos meses para cumplir el mandato y en caso contrario la amenaza es clara. “Se les puede llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

Bruselas ha dado este paso porque esos nueve países no han cumplido plenamente en el plazo estipulado con la directiva europea de créditos hipotecarios, que expiró en marzo, y tampoco han atendido al primer aviso que se les dio al respecto el pasado mes de mayo. Ante esta situación, la Comisión envió ayer a los nueve socios un dictamen motivado, la comunicación previa a la apertura de un proceso judicial. La directiva sobre créditos hipotecarios, adoptada el 4 de febrero de 2014, busca “mejorar las medidas de protección de los consumidores en toda la UE mediante la introducción de prácticas crediticias responsables a escala europea”.

El Ejecutivo comunitario estima que es “esencial mejorar la normativa hipotecaria porque fomentará la confianza en el mercado hipotecario y aumentará las posibilidades de elección de los consumidores”. Las normas introducen la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario; medidas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca; y principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito. Los países afectados, más allá de España, son Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Suecia.

Además, la Comisión instó a España, Irlanda, Portugal, Letonia y Rumanía a que adapten su legislación a los requisitos de transparencia en los mercados regulados que marcan las normas europeas. De nuevo, Bruselas avisa de que si no reaccionan en el plazo de dos meses, podría llevarles ante los tribunales comunitarios, dado que estos cinco países no han reaccionado después de recibir un primer toque de atención de la Comisión en enero. Todos los Estados miembros europeos tenían que haber incorporado hace un año a sus legislaciones los citados requisitos, que forman parte de las normas para los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE. El objetivo es “generar en los inversores una confianza permanente y a completar la Unión de Mercados de Capitales”.