madrid - Unos 350.000 ahorradores, particulares e institucionales, compraron acciones cuando Bankia, el banco creado, entre otras, por las antiguas cajas de ahorros Cajamadrid y Bancaja, salió a Bolsa. Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo la venta se realizó en base a una realidad económica falseada por sus máximos responsables. El banco tuvo que ser rescatado por el Estado poco después y los pequeños inversores que apostaron por la entidad financiera, muchos de ellos presionados por sus interlocutores de media vida en las sucursales de las antiguas cajas, emprendieron una auténtica cascada de litigios judiciales para recuperar el 100% de la inversión. Hasta ahora una mayoría ganaba el caso en los tribunales de justicia en pleitos individuales que condenaban a la entidad a devolver el dinero más los intereses pero que, además, le costaba a Bankia un dineral en minutas de abogados, propios y ajenos.

Ahora, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ampara a todos los pequeños inversores y crea jurisprudencia, el Gobierno español, primer accionista de Bankia, estudia poner en marcha un sistema de arbitraje que satisfaga las demandas de los pequeños inversores sin que los gastos en abogados se disparen.

Bankia, que tiene provisionados 1.800 millones de euros para hacer frente a una hipotética devolución de todo el capital que suscribieron los inversores particulares no está por la labor de gastarse unos 350 millones de euros, según sus primeras impresiones, en minutas de abogados. El Gobierno español estaría por la labor de apoyar una solución extrajudicial, pues considera que beneficiaría tanto a los pequeños inversores como a la propia entidad financiera, que ahorraría casi 500 millones de euros en costas judiciales.

Por su parte, los representantes de los ahorradores que compraron acciones de Bankia también se muestran abiertos al diálogo para llegar a una solución de arbitraje colectivo que, según la asociación de consumidores Adicae. - DNA