Ante un ERE que amenazaba con destruir 133 puestos de trabajo en la planta de Aernnova en Berantebilla (Araba), el Comité de Empresa lanzó una serie de reivindicaciones llenas de sentido. Pedían carga de trabajo para la planta alavesa porque la consideran “preparada a nivel tecnológico” y también reivindicaban “formar a los trabajadores” para poder acometer ese trabajo. También censuraban “la “deslocalización” planteada por una empresa que ha recibido, según sus cálculos, cerca de 100 millones de euros en ayudas públicas”, según leíamos en informaciones periodísticas.
Este conflicto laboral pone de manifiesto por sí sólo la importancia estratégica que tiene para un país, y sobre todo para su clase trabajadora, acometer con seriedad y de forma prioritaria las políticas industriales y de empleo de forma previsora, proactiva e integrada.
Dicho sea de paso, es digno de análisis el desequilibrio entre la apuesta que realizan las administraciones públicas en determinadas empresas, y la escasa capacidad posterior de condicionar las políticas industriales o laborales de esas empresas por parte de esas mismas administraciones.
Hemos pasado décadas de monólogo neoliberal sobre lo ineficaz de la intervención pública en la economía. En ese tiempo, se ha fomentado un modelo de globalización que ha incrementado el poder real de los agentes económicos (empresas, lobbys?) respecto al poder público. En esta asimetría vemos la trampa que el movimiento sindical viene denunciando hace tiempo. Provocar competencia en base a dumping fiscal (bonificaciones, exenciones, elusión) o a distintas subastas competitivas (entre ellas la salarial o la medioambiental) es un error de fondo.
¿Quiere decir esto que despreciemos políticas públicas de impulso de sectores y empresas con futuro, estratégicas y que generen empleo de calidad? No. Pero exigiendo corresponsabilidad. La gran prioridad desde las opciones políticas que aspiren a mejorar la justicia redistributiva en la economía debiera ser cómo equilibrar y condicionar de forma eficaz, desde la democracia, los intereses empresariales, de accionistas o de inversores respecto al interés general y como consecuencia al interés de la mayoría trabajadora.
Con todo, el caso citado responde a una empresa de envergadura, de referencia y eso posibilita que se genere una “alarma social” ante sus actuaciones y algunos ejercicios de presión que pueden reconducir (o no, porque aquí aun quedan muchos capítulos) las cosas.
Pero hay que recordar que, según algunos estudios, en torno a un 28% de personas trabajan en Euskadi en empresas grandes. ¿Qué ocurre cuando hablamos del tejido de medianas, pequeñas y muy pequeñas empresas? ¿Quién prevé con anticipación los cambios que se van a dar en los sectores, sus necesidades tecnológicas, la adecuación de competencias profesionales para hacer frente a los cambios? ¿Cómo y quién organiza el acceso de las plantillas a esas políticas de empleo que aseguren la viabilidad del empleo y de la empresa? En suma, ¿qué ocurre cuando hablamos de los y las trabajadoras de las miles de aernnovas anónimas que componen el tejido productivo vasco?
Es necesario desarrollar espacios de análisis sobre cómo se prevé que van a evolucionar los distintos sectores económicos; sobre esos análisis, diseñar, impulsar y ejecutar políticas que adecuen las necesidades competenciales de las personas trabajadoras; facilitar las transiciones de empleo y la inserción laboral de los sectores que lo requieran? Son cuestiones claves y prioridades sindicales. Y tienen que canalizarse a través de lo que llamamos diálogo social. Es decir, de espacios tripartitos entre administración pública, organizaciones sindicales y patronales.
En Euskadi, como en cualquier territorio, las políticas públicas sobre el empleo o el fomento de la actividad económica se están viendo sometidas a la urgencia de los cambios que nos rodean. Que a nadie le quepa duda de que un país que no sea capaz de afrontar esos retos desde la anticipación y la proactividad, lo acabará haciendo desde la devaluación interna, desde la pérdida de garantías y derechos laborales y sociales.
Por ir aún a un ejemplo concreto relacionado con una medida real, que espero pueda terminar en un acuerdo en 2015, pero que tendría que haber sido un acuerdo de 2008 ó 2009. Si se prevé o se constata que un sector como el de la construcción residencial se va a venir abajo, se sabrá que va a aumentar de una forma importante el paro y la desaparición de empresas. Si ante tal previsión se organiza de forma eficaz la recualificación de estas personas hacia actividades renovadas, como puede ser la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, se da un paso para paliar el problema. Si además se adoptan incentivos económicos para reformas en edificios, promoviendo medidas pro-demanda, con planes renove de fachadas o ventanas, y se facilita la inserción laboral de esas personas, logramos un círculo virtuoso.
¿Hay interés compartido entre trabajadores, empresas y administración en dibujar ese círculo? Sí. ¿Alude ese dibujo a las organizaciones representativas, sindicatos, patronales y gobiernos/parlamentos? Para el modelo sindical que propone CCOO, sí ¿Hay conflicto a lo largo de ese círculo? Con seguridad, también (en cuestiones como contratación o salarios, conociendo cómo funciona el sector de la construcción) y eso dará lugar a acción sindical de denuncia y confrontación, que para nada se devalúa en este esquema. Probablemente, también con la administración, sobre todo en periodos de restricciones presupuestarias que conviven con inercias y la falta de convicción en codecidir políticas de este tenor.
En todo caso ¿merecen la pena esas políticas activas y de fomento de la actividad? ¿O es mejor no intervenir y que el mercado reasigne recursos a su manera? Es decir, con paro, recesión y por tanto con caída salarial.
Elévese este ejemplo sencillo al conjunto de sectores de actividad y el resultado es igual a nuestras razones para apostar por espacios de diálogo tripartito, aún en fases de conflicto con patronales y gobiernos. El contexto histórico que vivimos (ofensiva del mundo del dinero contra el modelo social, la negociación colectiva y la representación del mundo del trabajo) no es un pretexto para eludir campos de actuación como los aquí descritos. Por la simple razón de que estos campos no son neutros. En ellos se van a dirimir una parte de los intereses de la clase que aspiramos representar. No nos escudamos en radicalidades de salón, ni en demagogias, a veces incluso reaccionarias, de algunas organizaciones sindicales vascas.
El problema suele ser la poca disposición de los gobiernos a impulsar estos esquemas en serio y la comodidad empresarial en esa indisposición. Tenemos gobiernos muy dados a la unilateralidad, a hacer y deshacer a su antojo. Y a patronales que juegan mejor el papel de influencia, de lobby, de compadreo, que el de la auténtica participación tripartita.
Tienen su legitimidad, pero los sindicatos también tenemos la nuestra. Sabemos que donde no esté el sindicato las posibilidades de hacer políticas contra quienes representamos se multiplican. Pero en aquellos espacios donde estemos tienen que tener una utilidad real para quienes representamos. Ese debate está pendiente en Euskadi y a él emplazamos al Gobierno Vasco y resto de la mesa tripartita. El futuro de la misma dependerá de la conclusión de este debate.
