Bruselas - Esta semana se ha cumplido un año desde que el escándalo Luxleaks, destapado por un grupo de periodistas de investigación (ICIJ), hiciera temblar los cimientos de la entonces recién nombrada Comisión Europea presidida por el expresidente luxemburgués Jean-Claude Juncker. Bajo su mandato, que se prolongó casi dos décadas, el gobierno del Gran Ducado cerró acuerdos a la carta que permitieron a más de 300 multinacionales reducir al máximo su factura tributaria. El caso desembocó en un nuevo plan contra la evasión y el fraude pero, según la red europea de la deuda y el desarrollo (Eurodad) que aglutina a 48 ONG de 19 países europeos, en este año poco o nada ha cambiado para hacer que las compañías paguen sus impuestos allí donde generan sus beneficios.

Aunque se han dado pequeños pasos para resolver algunas de las lagunas existentes, “el complejo y disfuncional sistema de acuerdos fiscales, tratados, empresas pantalla y regímenes del impuesto de sociedades especiales sigue manteniéndose”, alerta un extenso informe publicado la semana pasada por Eurodad. Y también el secretismo de los pactos fiscales que hacen que las promesas de más transparencia sigan estando vacías salvo en contadas excepciones. El resultado, constata el documento, es que hay gobiernos que siguen dando “grandes oportunidades” a las multinacionales para que “esquiven el pago de impuestos”, y entre los culpables, el informe identifica muy especialmente a dos: Alemania y Luxemburgo, que de los quince países analizados en el estudio son los que mayor riesgo presenta de blanqueo de dinero.

No son los únicos países que se llevan reproches. Francia, campeón antaño en la defensa del acceso público a la información sobre los impuestos que pagan las multinacionales, ha dejado de presionar en este terreno e incluso ha bloqueado junto con Reino Unido, alerta el informe, la demanda de los países en vías de desarrollo de asegurarse un asiento en la mesa que negocia sobre estándares fiscales a nivel mundial. Según el informe, hay más de 100 países en desarrollo que están excluidos del proceso de toma de decisiones y hay países como España que han logrado minimizar el pago de impuestos en ese tipo de países en niveles superiores al 5%. “Es de lejos el negociador de tratados fiscales más agresivo”, señala el documento. Aunque este tipo de tratados -15 Estados miembros tienen suscritos 652 pactos- están diseñados para evitar una doble imposición para las empresas, Naciones Unidas ha denunciado este año que el resultado hace que las compañías terminen sin pagar impuestos en ningún sitio.

Los autores del informe consideran que el caso Luxleaks, que le costó a Juncker una moción de censura de la que salió indemne gracias al apoyo de los grandes grupos políticos de la Eurocámara, es solo la punta del iceberg en Europa. “Por debajo subyace un problema mucho más amplio y profundo”, sostiene el extenso informe recordando que hay 22 Estados miembros que utilizan acuerdos tributarios opacos. “Luxemburgo puede que sea el país más activo en cerrar acuerdos pero no es el único”, añaden.

La única reprobación pública de estas prácticas hasta ahora es la sanción impuesta por los servicios de la competencia comunitarios a dos empresas -Starbucks y Fiat- que cerraron acuerdo tributarios con las haciendas de Holanda y Luxemburgo para minimizar el pago de impuestos. Un aviso a navegantes que no ha pasado desapercibido para las grandes compañías. Hasta ahora las multinacionales se habían resistido a dar explicaciones y prueba de ello es su negativa a comparecer en la comisión especial creada por la Eurocámara para investigar los tax rulings. Tendrán una nueva oportunidad, según esta comisión, el próximo 16 de noviembre aunque por ahora no se apuntan muchas.

El caso Fiat y Starbucks. La única reprobación pública a las prácticas para evitar pagar impuestos es la sanción impuesta por los servicios de la competencia comunitarios a dos empresas -Starbucks y Fiat- que cerraron acuerdo tributarios con las haciendas de Holanda y Luxemburgo para minimizar el pago fiscal. La primera apenas abonó un 3% cuando el tipo general es del 25% y la segunda un 1% frente al 29% de Luxemburgo. Bruselas declaró el pasado 21 de octubre sus pactos ilegales y les ordenó devolver entre 20 y 30 millones a cada una, sentando un precedente de cara a las numerosas investigaciones que mantiene abiertas.

Solo a más de 750 millones. En Francia, por ejemplo, se ha anunciado que no hará pública la información fiscal y que optará por un modelo de intercambio confidencial, como recomienda la OCDE, lo mismo que Luxemburgo que además solo informará de compañías con beneficios superiores a los 750 millones de euros, lo mismo que Irlanda, Holanda, España o Suecia.