GASTEIZ. El escrito del fiscal, al que hoy ha tenido acceso Efe, reclama además que ambos paguen conjuntamente cerca de 914.000 euros en concepto de multas y de responsabilidad civil.
Con la presentación de la calificación de los hechos por parte de la Fiscalía, está ya más próxima la celebración del juicio penal por este caso. Por la vía civil, Villadelprat ya fue condenado en 2013 por un juzgado de Vitoria a pagar 900.000 euros a los afectados por las deudas de Epsilon, al considerar que fue el único responsable de la quiebra de esta empresa.
Joan Villadelprat era el administrador único de Epsilon, de la que Mark Payne era el director financiero. Esta firma recibió unos 48 millones de euros de ayudas públicas, según concluyó la comisión de investigación creada en el Parlamento Vasco sobre este caso.
Pese a ser conocedores de la situación de insolvencia en la que se encontraba Epsilon, Mark Payne creó otra escudería en marzo de 2011 llamada Epic Racing.
Un mes después, en abril de 2011, Epsilon vendió a Epic Racing todos los activos vinculados a la rama de competición automovilística por 200.000 euros, cuando esta rama suponía "el 80 % del activo patrimonial de Epsilon y su valor era notablemente superior al precio estipulado", ya que según un informe pericial ascendía a 1.099.236 euros, señala el escrito del Ministerio Público.
De hecho, los 200.000 euros pactados "nunca se llegaron a abonar", lo que constituye, según el fiscal, una prueba más de "la voluntad delictiva de los imputados".
Esta venta se hizo un mes después de que presentaran un preconcurso de acreedores de Epsilon por lo que ambos sabían que al desgajar la rama de competición vaciaban de "contenido empresarial" a Epsilon y quebraban así "las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores".
El objetivo de los acusados, según la Fiscalía era "sacar de manera fraudulenta" la rama de competición, que era "el pilar" y el "alma mater" de Epsilon, sociedad financiada en su mayor parte por fondos públicos del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno vasco, las diputaciones de Araba y
Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Gasteiz y el Parque Tecnológico de Araba.
"Esta disposición patrimonial maquinada por ambos acusados agravó sobremanera la situación de insolvencia" de Epsilon, concluye la Fiscalía.
Por ello, considera a Villadelprat y a Payne coautores de un delito de societario por el que pide dos años de prisión para cada uno así como su inhabilitación durante este mismo tiempo para administrar o representar a empresas.
Además, les imputa un delito de insolvencia punible, a Villadelprat como autor y a Payne como cooperador necesario, y reclama para cada uno seis años de prisión, su inhabilitación como administradores societarios en ese periodo y el pago de una multa de 7.200 euros.
Subsidiariamente solicita que se les condene por un delito de alzamiento de bienes a 4 años de cárcel y a la misma multa.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil pide que indemnicen conjuntamente a Epsilon con 899.263 euros por los perjuicios económicos causados.
Tras la presentación de este escrito, el resto de partes personadas en este caso deberán formular sus calificaciones provisionales antes de que se fije la fecha del juicio.
