BILBAO - El Gobierno Vasco anunció ayer que reclamará al Ministerio de Industria la “necesidad” de que favorezca “un entorno estable de precios energéticos que no lastre la competitividad de la industria vasca respecto a la de Europa”, como ocurre ahora con el sistema de desconexión a la red eléctrica de las grandes compañías. Según informó el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, representantes del Ejecutivo y del Ente Vasco de la Energía, encabezados por la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, se reunieron ayer en Bilbao con una veintena de empresas vascas afectadas por las subastas de “interrumpibilidad” para analizar su problemática.
Las firmas que consumen electricidad de forma intensiva han denunciado que debido al funcionamiento de ese sistema han sufrido pérdidas de entre un 20 y un 30% respecto al año pasado. El motivo es que estas compañías tenían hasta ahora una tarifa más baja a cambio de una cláusula que permitía al operador el cortarles el suministro cuando la línea estaba saturada. En esa situación están compañías como Aiala Vidrio, Alcoa, Arcelor Mittal, Electroquímica Hernani, Gerdau Sidenor, Nervacero, Oxinorte, Praxair, Productos Tubulares, Smurfit Kappa, Talleres Fabio Murga, Tubos Reunidos Industrial y Zubialde, cuyos directivos estuvieron presentes en la reunión.
El Gobierno Vasco se comprometió a transmitir directamente ante el Ministerio de Industria “la urgencia de una política energética que responda a las necesidades estructurales de las empresas y que esté diseñada en clave industrial”. Las empresas trasladaron al Ejecutivo un balance generalizado y compartido de “desastroso, injusto y carente de sentido”. Por ello, reclamaron la necesidad urgente de que se diseñe una “política energética estable, que posibilite precios que no graven más la competitividad de la industria vasca”.
Se han dado casos de empresas que habiendo participado en la primera subasta de la “interrumpibilidad” no tuvieron opción de acudir a la segunda en la que el precio resultante fue más económico, lo que ha provocado situaciones “injustas y gravosas”.
Además, las empresas coincidieron en que siendo el precio de la energía “crucial” para su cuenta de resultados, el 23 de diciembre de 2014 desconocían el precio que tenían que pagar en enero de 2015, “lo que dificulta gestionar políticas de empresa, de inversión u operaciones a medio plazo”.
La consejera Tapia se comprometió a elaborar un documento donde se recojan estas circunstancias y donde se exija al Ministerio de Industria un cambio en su política energética e industrial. - DNA
