gasteiz - El Banco de España no descansa. Ayer, su subgobernador, Fernando Restoy, adelantó algunas de las obligaciones que ahora tendrán que cumplir las fundaciones bancarias de nueva creación. A las antiguas cajas de ahorros se les amontona el trabajo. Kutxabank afronta la nueva etapa con las tareas anteriores completadas: las tres cajas han dado ya el paso de la transformación y las pruebas de estrés a la banca europea han vuelto a poner de manifiesto que su solvencia es más que sólida.

Según Restoy, las entidades deberán afrontar en el futuro retos “importantes” derivados en buena medida del “sensible aumento” de las exigencias regulatorias. Ello “no permite relajación alguna”, pese a que todas las entidades estatales analizadas han logrado el respaldo de la Autoridad Bancaria Europea y el BCE “de forma holgada”.

La ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias fija parte del camino que deben ahora afrontar Vital, BBK y Kutxa. Como fundaciones bancarias deben cumplir algunos plazos establecidos en la norma. Tres meses después de las conversiones definitivas, inscritas ya las fundaciones, deberán acometer dos quehaceres inexpugnables según la ley 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Dos meses después de fundarse, cada antigua caja tendrá que presentar al Banco de España su Plan de Gestión. Y antes de que transcurra un mes más, el Plan Financiero. Con esos datos en la mano, el Banco de España tendrá que establecer cuál es la cantidad que las fundaciones de BBK y Kutxa deben destinar al Fondo de Reserva.

Modelo en entredicho Pero más allá de eso, en juego está el modelo de Kutxabank. El banco vasco es el único que a día de hoy pertenece al 100% a antiguas cajas de ahorros y que no ha recibido ayudas públicas. BBK controla el 57% de las acciones. Esto es, tiene una mayoría suficiente para manejar la gestión de la entidad. Eso es algo que no gusta. Ayer, el subgobernador del Banco de España así lo constató, aludiendo a la “propiedad difusa” de las antiguas cajas de ahorros tradicionales.

En ese sentido, Fernando Restoy aseguró en una conferencia de la Universidad Complutense de Madrid que aquellas antiguas cajas que mantengan una participación significativa en una entidad bancaria “tendrán incentivos suficientes para renunciar al control de la misma”.

Las palabras de Restoy ponen de actualidad las declaraciones que hace seis meses realizó el presidente de Kutxabank, Mario Fernández. “La Ley no obliga a transmitir el control del banco pero establece un set de incentivos realmente incentivadores para hacerlo”, dijo el dirigente en febrero, cuando abrió el debate sobre el futuro del banco de las cajas a largo plazo.

Según añadió el subgobernador del antiguo banco emisor ayer, las fundaciones bancarias deberán cumplir en todo momento requisitos especiales que protejan la gestión profesional e independiente de la entidad.

Ese es el quid de la cuestión. El propio Restoy aludió a que con independencia del “buen hacer” de los gestores de “numerosas” cajas de ahorros, la dependencia del poder político en algunos casos generaba riesgos para la adecuada gestión de las entidades. Por eso la troika -el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo- han finiquitado las antiguas cajas tradicionales.

El presidente de Kutxabank planteó su visión sobre la disyuntiva a la que se enfrenta la entidad financiera creada en Euskadi porque “la troika no quiere que las cajas controlen un banco”, según anunció hace medio año. Esa troika, que concedió a España un rescate financiero millonario a cambio de imponer sus condiciones, no quiere que ni una caja -ni ningún grupo de cajas, según Fernández- controlen un banco más allá del 30% de sus acciones, según la explicación de Mario Fernández. Además del 57% de la antigua caja vizcaina, Kutxa tiene el 32% de las acciones de Kutxabank, mientras Caja Vital cuenta con un 11% de los títulos.

Por ese motivo la ley de cajas y fundaciones pide a las antiguas cajas con más acciones en los bancos -las que tienen más de un 30% del capital- que contesten si pueden satisfacer o no las futuras necesidades de capital de los bancos, dotando el denominado Fondo de Reserva, algo que dificultaría el mantenimiento de las obras sociales a corto plazo.

Fernández indicó que según su punto de vista la respuesta a todo ello es que Kutxabank tendrá “que abrir el capital”.“Es importante el cómo pero aún más lo es el cuándo. Si lo hacemos nosotros antes de que nos obliguen podremos mantener las dos prioridades que yo marcaría: mantener la obra social de las cajas y el arraigo de la entidad con el territorio”, dijo en febrero.

El debate sigue latente sin que se hayan dado pasos significativos en ningún sentido. Pero el propio Fernández aludió entonces a que el sector bancario está absolutamente “regulado”. Eso implica que son otros los que pueden imponer el modelo de la entidad vasca, algo que ayer las palabras del subgobernador del Banco de España volvieron a dejar de manifiesto.

Otros desafíos Fernando Restoy aseguró además en la conferencia Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes que “los desafíos no son pocos” para el sector, una vez superados los test de estrés.

La próxima entrada en vigor de los requisitos de liquidez y apalancamiento de Basilea III suponen un primer compromiso en ese sentido, según el mandatario. Restoy también, citó la previsible implantación de medidas adicionales, como las que exigirán en algunos casos la separación del negocio de inversión del negocio tradicional o la disponibilidad de instrumentos de pasivo susceptibles de convertirse en capital en caso de resolución de la entidad. Al mismo tiempo, según el subgobernador, cabe anticipar un aumento de las restricciones para la aceptación de modelos internos de calibración del riesgo de los activos que supongan ahorros de capital regulatorio.

Por otra parte, cabe esperar que, en el ámbito del Mecanismo Único de Supervisión, se inicie una línea de trabajo que intente armonizar las singularidades regulatorias que persisten, por ejemplo en el ámbito de los calendarios de aplicación de las deducciones de capital que establece el acuerdo de Basilea III, y las prácticas supervisoras, como las relativas a la aprobación de modelos internos de evaluación del riesgo, según Restoy.