bilbao - La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por ELA para mejorar las condiciones laborales en las subcontratas del sector público tendrá recorrido parlamentario. La Cámara dio el visto bueno ayer a su tramitación con los votos a favor de EH Bildu, PSE y UPyD, de manera que la ILP supera el primer escollo para convertirse en ley. El objetivo de la iniciativa, que cuenta con el aval de cerca de 110.000 firmas, es incorporar a los acuerdos con las empresas subcontratadas unas cláusulas con el compromiso de respetar el convenio del sector, así como de mantener las condiciones y los puestos de trabajo anteriores en caso de cambio de contrata.
Los últimos casos destapados en determinadas obras públicas han llevado a ELA a activar esta ILP, que ha contado durante los últimos meses con el apoyo de casi 110.000 personas. Tras el visto bueno de ayer, la iniciativa será encuadrada en una comisión y empezará a trabajarse de cara a convertirse en ley, en un proceso en el que los grupos pueden introducir enmiendas parciales a la misma. En todo caso, los apoyos recabados ayer serían suficientes para su aprobación -EH Bildu, PSE y UPyD tienen mayoría por un voto- si bien el recorrido parlamentario puede prolongarse varios meses.
El objetivo es obligar a que en los contratos que realizan con las empresas las administraciones de la CAV, tanto Gobierno vasco como diputaciones y ayuntamientos, se introduzcan una serie de cláusulas que protejan a los trabajadores.
El sindicato ELA ha denunciado casos en los que se llega a pagar a los trabajadores tan solo cinco euros por hora, y achaca esta devaluación a los ajustes presupuestarios de las administraciones, que hacen que contraten a la empresa más barata, lo que acaba repercutiendo en las condiciones laborales. Con esta iniciativa se pretende que se obligue a las subcontratas a aplicar como mínimo el convenio de la construcción de cada territorio, al margen de que haya decaído con la reforma laboral. Asimismo, se pide que, en un cambio de contrata, se obligue a mantener las condiciones de la empresa a la que se sustituye en la prestación de un servicio, la denominada subrogación.
Si el trámite parlamentario desemboca en la aprobación de la ley tal y como la plantea ELA, las empresas que trabajen para el sector público se enfrentarían a sanciones, incluso podrían perder el servicio, si incumplen estas cláusulas.
El portavoz de ELA Joseba Villarreal celebró que la mayoría de parlamentarios aceptase tramitar la ILP y valoró que la admisión a trámite permite que el debate sobre la precariedad en las subcontratas públicas entre en el Parlamento. El sindicato cargó contra el Gobierno vasco, que no se ha mostrado favorable a la iniciativa al entender que puede generar inseguridad jurídica dado que hay una norma de la Diputación de Gipuzkoa de contenido similar que está siendo revisada por los tribunales. Por este motivo, el PNV se abstuvo ayer, al igual que hizo el PP.
La parlamentaria de EH Bildu Belén Arrondo destacó la necesidad de establecer estas cláusulas ante las “irregularidades e injusticias” detectadas en obras públicas como el Centro Cívico de Salburua, en Gasteiz, y afeó al Gobierno vasco su rechazo. Por parte del PSE, Vicente Reyes aseguró que la puesta en marcha de las medidas recogidas en la propuesta es una cuestión de “voluntad política”. Gorka Maneiro, de UPyD, dijo que “no hay que tener miedo a este debate”.
