Una reforma para intentar salvar a empresas viables

Madrid - El Gobierno español aprobó ayer un real decreto ley con medidas urgentes para que las empresas en apuros pero viables tengan una nueva oportunidad. La reforma de la ley propone medidas para la financiación y reestructuración de empresas. El Ejecutivo prevé que la norma hará más fácil que la banca llegue a acuerdos con compañías que, aunque estén altamente endeudadas, sean viables merced a los instrumentos para su reestructuración y refinanciación que propone.

El Ministerio de Economía cree que la reforma será clave para la recuperación y ayudará a que haya "múltiples" acuerdos de refinanciación, tantos como para conseguir que la deuda empresarial se reduzca al menos un 10%, es decir, en 130.000 millones. Economía estima que así será más fácil que el crédito fluya hacia nuevos proyectos y que la economía pueda avanzar con más vigor, lo que se traducirá en mejores datos de empleo.

Con esta nueva norma se facilitan los acuerdos de financiación para las empresas, se potencian los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos, y se ofrece la posibilidad de convertir la deuda en capital, es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas de las empresas, según explicó ayer el Gobierno popular. La reforma también establece la firma de acuerdos individuales de financiación con uno o más acreedores, siempre que mejore la situación patrimonial del deudor sin necesidad de contar con mayorías de pasivos.

Además, en los acuerdos colectivos de refinanciación de deuda de las empresas no homologados judicialmente se elimina la exigencia de la figura del experto independiente, con lo que será suficiente que el auditor de cuentas certifique que se cuenta con las mayorías de pasivo exigidas. Una vez se firme el acuerdo, este no podrá ser rescindido posteriormente si la empresa entra en concurso acreedores. En aquellos acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente también se simplifica la intervención judicial, se incrementa la seguridad jurídica, y se propone reducir el voto necesario de los acreedores hasta el 51%, además de la conversión de deuda a capital. En este último caso, el acuerdo de la junta de accionistas requerirá mayoría simple en adelante.

De la misma forma, la norma incluye medidas comunes a todos los acuerdos, que estén homologados o no judicialmente, de manera que durante las negociaciones de refinanciación, se paralizarán las ejecuciones de bienes necesarios para continuar con la actividad empresarial. Por último, la norma establece que el dinero nuevo que haya sido puesto para la refinanciación de las empresas tenga preferencia frente a los restantes deudores. - Efe