GASTEIZ. Tapia ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad del Parlamento donde, a petición de EH Bildu, ha explique las medidas que va a tomar el Ejecutivo vasco para garantizar el futuro de los astilleros.
La Comisión Europea ordenó al Gobierno español el pasado mes de julio que recuperara las ayudas concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011 al considerarlas ilegales. Las subvenciones, que el Ministerio de Hacienda ha cifrado en 126 millones, deben devolverlas ahora los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FEMV) ha alertado este pasado martes sobre el riesgo de que "desaparezca una buena parte" de la actividad de la construcción naval, si "no se adapta con urgencia el nuevo tax lease", tras la "profunda situación de incertidumbre" que ha provocado la devolución de las ayudas.
La titular de Desarrollo Económico ha defendido que el sector se encuentra en una situación "muy difícil" porque aunque se ha avanzado desde el mes de julio, "las cosas no han cambiado mucho" y cree que la "prioridad" debe estar en abordar el futuro de los astilleros.
Según ha explicado, en los contactos mantenidos por el Gobierno vasco con la Comisión Europea les ha solicitado un "marco europeo transparente, único y homogéneo" de este tipo de ayudas, para todos los países, con el objetivo de que "todos podamos jugar con las mismas reglas" y ha criticado la "competencia desleal" existente entre los países europeos y los países que ha denominado "de bajo coste".
Para el Gobierno vasco, la decisión de Bruselas fue "injusta y desproporcionada" respecto a otras, a pesar de que finalmente fue "menos lesiva" de lo que se esperaba, aunque ha destacado el "daño" provocado al sector que durante los dos años previos a la sentencia en los que registró una pérdida de carga de trabajo "muy importante".
"MÁXIMA SEGURIDAD JURIDICA"
Por ello, ha apostado por "evitar mirar hacia atrás" y trabajar por el futuro del sector que en Euskadi está "tecnológicamente bien estructurado y preparado" y para el que ha reclamado "máxima seguridad jurídica y garantías de que va a poder contar con un sistema avalado por Europa, al que poder acogerse para poder ser competitivos". "Necesitamos generar confianza en que el nuevo sistema es fiable y en los inversores, cosa que todavía no hemos conseguido", ha indicado.
Por otro lado, ha hecho referencia al recurso presentado por el Ministerio de Industria para mostrarse partidaria de "no judicializar más el proceso" para no entrar en un proceso judicial interminable". "Ya dos años de incertidumbre como para que ahora nos metamos en más, tenemos que terminar con este capítulo cuanto antes", ha insistido.
Asimismo, ha pedido al Ministerio de Hacienda que actúe con la "máxima celeridad" para que "de la forma más correcta posible, en tiempo y forma", ya que el 18 de noviembre se termina el plazo para proceder a la devolución del montante de 126 millones de euros en los que ha cifrado Hacienda las operaciones implicadas.
"Queremos que se recupere cuanto antes y de la mejor manera posible porque es la única forma en la que los inversores tendrán la seguridad suficiente para abordar las operaciones y nuevos contratos. De lo contrario, permaneceremos en esta situación de incertidumbre", ha advertido.
Tapia ha recordado que ha solicitado al Gobierno español "en multitud de ocasiones" que las devoluciones de las ayudas sean directamente invertidas en programas de promoción de actividad del sector naval.
DOS BARCOS
Además, ha explicado que el nuevo 'tax lease' se puede usar y como ejemplo ha informado de que ya hay firmados dos barcos con este sistema de financiación, -aprobado por la Comisión Europea en noviembre de 2012- y ha apostado por buscar nuevos inversores, nuevos sistemas de financiación de inversiones y nuevas estructuras de operaciones. "No podemos abandonar el sector naval", ha defendido.
En este sentido, ha insistido en la importancia de conseguir nuevos contratos para garantizar la estabilidad del sector, aunque ha reconocido que estos proceden del sector privado por lo que el papel del Ejecutivo autonómico debe estar en "garantizar la seguridad jurídica" de los mismos.
Ante la posibilidad de que el Gobierno vasco ponga en marcha un plan, ha explicado el ejecutivo no puede dar avales directos sino que con esta modalidad solo puede ayudar a pymes, por lo que ha apostado por trabajar con el fondo estatal de concesión de avales al que Euskadi ya ha aportado 14 millones de euros y para el que el Gobierno central ha comprometido 20 millones de euros. "Tiene un efecto multiplicador y permite avalar nuevas operaciones y facilitar la entrada de inversores", ha destacado.
Finalmente, ha insistido en que se trata de un sector que se está mirando "con lupa" desde la Unión Europea, "no sólo por el comisario de la competencia, Joaquín Almunia, sino por el resto de países", por lo que ha insistido en que se debe ser "muy cuidadosos" con las iniciativas que se tomen.
