La mitad de los vascos pagaría más impuestos si se destina a gasto social

En relación al tema fiscal, un 50 por ciento de los encuestados prefiere que se gaste más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos. Además, un 47 por ciento de la ciaudadanía se decanta porque las Juntas Generales "sigan teniendo libertad" en materia de fiscalidad frente a un 36 por ciento que está a favor de que el Parlamento vasco pueda fijar unas líneas comunes para los tres Territorios.

Estos datos forman parte de un estudio tras la realización de un total de 950 entrevistas telefónicas. La recogida de información se realizó entre los días 17 a 19 de septiembre.

La firma de este acuerdo se valora positivamente por el 61 por ciento de la ciudadanía, negativamente por el 21 por ciento, no es considerada ni positiva ni negativa por el 7 por ciento, y el 11 por ciento no sabe o no contesta.

Independientemente del contenido, la sociedad vasca es favorable a los acuerdos entre partidos políticos. De hecho, el 76 por ciento cree que otros partidos con representación en el Parlamento vasco también deberían formar parte del acuerdo.

Entre quienes quieren que se produzca esta incorporación, el 77 por ciento se muestra de acuerdo con que EH Bildu forme parte del acuerdo, el mismo porcentaje a favor de que se incluya a UPyD y el 71 por ciento a favor de que se una el PP. El electorado propio de cada partido es el más favorable a la incorporación de su partido al pacto.

REFORMA FISCAL

En lo relativo a la reforma fiscal incluida en el pacto, el 47 por ciento de la ciudadanía se decanta porque las Juntas Generales "sigan teniendo libertad" en ese tema, frente al 36 por ciento que está a favor de que el Parlamento pueda fijar unas líneas comunes para los tres territorios. El 16 por ciento restante no sabe o no contesta a esta cuestión.

Sobre los objetivos pretendidos por el acuerdo hay un amplio porcentaje que no sabe o no contesta. Entre quienes si lo hacen, la mayoría se decanta por considerar que el pacto ayudará a conseguir estos objetivos: mantener la protección social (54%), aumentar la recaudación fiscal (52%) o impulsar la economía vasca (50%). Como fines menos probables se encuentral el que que ayude a la eliminación de las duplicidades administrativas (38%) o al aumento de la eficiencia y eficacia de la administración (39%).

Respecto a la presión fiscal y el mantenimiento de los servicios públicos, el 50 por ciento prefiere que se gaste más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos; frente al 36 por ciento que ve preferible bajar los impuestos, a pesar de que haya menos dinero para ayudas sociales y servicios públicos.

CONCIERTO ECONOMICO VASCO

Respecto al Concierto Económico Vasco, el 62 por ciento de la sociedad vasca ha oído hablar del mismo, porcentaje de conocimiento similar al de 2008.

En estos cinco años se ha incrementado la percepción sobre la importancia del Concierto Económico, ya que han pasado del 75 al 86 por ciento quienes le otorgan mucha o bastante importancia para la autonomía vasca.

Además, el 74 por ciento de las personas que han oído hablar del Concierto lo consideran beneficioso para la ciudadanía vasca. Asimismo, existe una opinión favorable a una mayor autonomía fiscal para Euskadi.

El 49 por ciento de la población así lo defiende, mientras un 36 por ciento está a favor del mantenimiento de la actual autonomía fiscal y un 7 por ciento cree que el grado de autonomía fiscal debería ser menor, similar a la que tienen el resto de comunidades autónomas.

POLITICA SOCIAL EN EUSKADI

Sobre el papel de las instituciones públicas respecto al bienestar social, un 74 por ciento de la sociedad vasca considera que las mismas deben ocuparse del bienestar de toda la ciudadanía, el 19% que sólo de los grupos más desfavorecidos y el 6 por ciento creen que son las personas las que deben ocuparse de su propio bienestar.

Por otra parte, hay una sensación mayoritaria de que se emplean pocos recursos en la atención social de los colectivos por los que se ha preguntado. La demanda de atención se centra sobre todo en las personas desempleadas (75%), las familias con personas mayores dependientes a su cargo (66%) o personas con discapacidad (65%), para quienes se considera que se emplean pocos recursos públicos para atenderles.

A la hora de valorar la actuación concreta de las instituciones públicas, el 64 por ciento de la población vasca considera que no hacen lo suficiente en favor de las personas con recursos económicos insuficientes o para atender a las personas menos favorecidas.

Entre quienes creen que la atención ha empeorado, que son un 43 por ciento de la población, los motivos aducidos serían, entre otros, la reducción del gasto en protección social (55%) o el aumento del número de personas que necesitan atención (26%), mientras el 13 por ciento lo achaca a otras causas y el 6% no sabe o no contesta.

Por otra parte, el grado de conocimiento de las ayudas sociales es reducido. Solo el 47 por ciento de la población conoce las ayudas de emergencia social (AES), frente a un 52 por ciento que no las conoce. El 58 por ciento conoce la renta de garantía ingresos (RGI) frente a un 42 por ciento que no la conoce. Por su parte, un 59 por ciento conoce la prestación complementaria de vivienda, frente al 40 por ciento que no la conoce. El 80 por ciento de la sociedad vasca prioriza el gasto en ayudas de emergencia social respecto a otros gastos.

Por último, la sociedad considera que las ayudas siguen sin llegar a todas las personas que las necesitan y también que el fraude en el cobro de las ayudas sociales está extendido. En la primera cuestión la afirmación "las ayudas sociales llegan a todas las personas que las necesitan" se queda en un 3,7 en una escala del 0 a 10 y en lo relativo a la extensión del fraude alcanza un 6,5 en la misma escala.