Vitoria. El Gobierno de Mariano Rajoy presentará su anteproyecto de ley de reforma de las pensiones en el último consejo de ministros de julio, el día 26, justo antes del inicio de las vacaciones de verano. El PP ha acelerado los tiempos de aplicación del nuevo recorte del salario de los jubilados, tal y como le reclamaban los socios del euro. De este modo, es posible incluso que la nueva vuelta de tuerca a las pensiones pueda entrar en vigor en septiembre sin que todavía se haya puesto en marcha del todo la reforma que elevará la edad de jubilación hasta los 67 años a partir de 2027, sin evaluar sus efectos.
Bruselas marca los tiempos y no deja margen para la relajación. Tampoco propicia el escenario para que el Ejecutivo español negocie con los partidos de cara a que la nueva reforma, la tercera en los últimos cuatro años, cuente con el respaldo del Pacto de Toledo, el foro en el que están representados todos los partidos, la mesa en la que se han acordado históricamente por consenso las modificaciones del marco que fija las condiciones de las jubilaciones.
El diapasón está ahora en manos de la Comisión Europea y Madrid sigue el ritmo que se marca sin ninguna oposición. La situación de mayoría absoluta limita sobremanera la negociación parlamentaria, si bien el PP busca apoyos para compartir el desgaste del nuevo ajuste de las prestaciones que reciben los ciudadanos cuando se retiran. No lo tendrá fácil porque el menú es muy frugal. Europa solo aceptará las modificaciones que conlleven una rebaja de las pensiones y los partidos de la oposición rechazan sentarse en esa mesa para compartir mantel con un Ejecutivo que no tiene ninguna intención de plantar cara a la política de recortes dictada desde la UE.
En esa dinámica, el calendario del Ejecutivo español es un brindis a Bruselas. Mariano Rajoy se reunirá hoy con Ignacio Fernández Toxo (CC.OO) y Cándido Méndez (UGT) en un encuentro que forma parte del intento de llevar una postura consensuada en la cumbre europea de esta semana, una cita de la que España puede volver con nuevos deberes, plazos concretos para la puesta en marcha del nuevo modelo.
El líder del PP también tratará el tema de las pensiones en esa reunión abriendo formalmente el plazo de negociación con los agentes sociales. De forma paralela, el próximo jueves concluye el ciclo de comparecencias en el Congreso de expertos convocados dentro del diálogo del Pacto de Toledo.
FECHA LÍMITE: 26 DE JULIO El tiempo empezará a correr a partir de ese día, con la fecha del último viernes de julio, el día 26, como plazo tope para llegar a un acuerdo. El último consejo de ministros antes del verano es el momento escogido para la presentación del anteproyecto de ley de las pensiones, un texto que verá la luz exista o no un acuerdo.
No necesita el PP apoyos para aprobar el nuevo recorte de pensiones gracias a su mayoría absoluta, pero buscará acuerdos bilaterales, principalmente con los socialistas, para evitar una foto en solitario. La reforma se aprobará previsiblemente en septiembre al margen del consenso del Pacto de Toledo, con una base que cuenta con el rechazo de partidos y sindicatos: el análisis de la comisión de expertos, los sabios, escogidos por La Moncloa para definir las nuevas reglas de juego de las pensiones.
La estrechez de los márgenes alimenta la incertidumbre. Si el consejo de ministros aprueba el día 27 de julio el anteproyecto como está previsto, queda la incógnita de si el Ejecutivo central habilitará agosto para una negociación muy limitada por la presión de Bruselas. Si es así, el diálogo estará ensordecido por las vacaciones de agosto. Y si se aplazan las reuniones entre los partidos hasta septiembre los tiempos de cara al acuerdo serán mínimos ya que Europa quiere que el nuevo marco de las pensiones esté aprobado antes de fin de año.
En medio del "enigma" que se esconde detrás de la presión de Bruselas, los partidos anuncian batalla ante una nueva reforma de las pensiones sin haber dado tiempo a que se vean los frutos de la que elevó la edad de jubilación a los 67 años a partir de 2027. No se buscan fórmulas que garanticen la sostenibilidad del sistema, sino que los mercados perciban que el gasto pensiones será menor a medio plazo, se denuncia desde la oposición. De modo que no se soluciona el desajuste entre cotizantes y perceptores de pensiones: se traslada al futuro el problema.
