Vitoria. Cientos de trabajadores vascos están a la espera de que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia tras la anulación judicial del expediente de regulación de empleo de Laminaciones Arregui. Las plantillas de otras empresas como Corrugados Azpeitia o Formica han seguido los pasos de la de la compañía alavesa inundando los juzgados de lo social con sus recursos ante los despidos colectivos.

Según ha explicado a este periódico esta semana la jueza que anuló el ERE de Laminaciones, Garbiñe Biurrun, la segunda fase de la reforma laboral del PP, que entró en vigor en julio de este año, obliga a la empresa a readmitir a los trabajadores en caso de que la Justicia tumbe el expediente. No ocurre lo mismo con los ERE anunciados antes de esa fecha y, sin embargo, Biurrun considera que cuando el Supremo estudie el recurso presentado por la dirección de Laminaciones Arregui obligará a la compañía a volver a abrir sus puertas a los trabajadores despedidos.

En su opinión, esa previsión debería ser suficiente para que las empresas asuman el criterio establecido a partir de julio, pero de momento la sentencia de anulación del expediente de Laminaciones es más estética que efectiva. No es la única incertidumbre que despierta la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy en el ámbito judicial, que se ha convertido en una pieza fundamental en la inmensa mayoría de los ERE. El motivo es que la nueva normativa ha eliminado la autorización administrativa del esquema de los despidos colectivos. Ya no es necesario que la autoridad laboral dé luz verde al expediente y por ello hay cada vez menos acuerdos entre el comité y la dirección. En ese contexto, el juez ocupa ahora esa posición de mediación y casi todos los procesos de regulación acaban en los tribunales. Y muchos de ellos son anulados por defectos formales.

Se están detectando numerosos casos en los que el empresario comete errores en la presentación de la documentación, expedientes en los que no se ha producido una negociación real o despidos colectivos que no son proporcionales a los problemas económicos de las empresas. Son aspectos que el legislador no ha cerrado y que reforzará el Tribunal Supremo cuando se pronuncie sobre la reforma en líneas generales y sobre algunos de los recursos, aunque no la hará previsiblemente hasta después del próximo verano, según los plazos que maneja la judicatura. El pronunciamiento es clave, porque algunos jueces del Supremo han llegado a advertir de que incluso puede haber apartados inconstitucionales.

Garbiñe Biurrun pone el acento en el recorte del control judicial y estima que es "imposible" tomar una posición sobre el ajuste a derecho de una decisión empresarial que afecta a un colectivo "sin hacer el juicio de racionalidad o de proporcionalidad". Así, según recuerda, la ley permite técnicamente a una empresa solicitar un ERE con una pérdida de diez euros un ejercicio y treinta el siguiente.

En ese caso la compañía estaría en pérdidas "realmente, objetivamente" lo que supondría que el juez tendría que autorizar el ERE. La vara de la "proporcionalidad indica que con ese nivel de pérdidas probablemente no debiera suprimirse ni un solo puesto de trabajo. Menos aún diez, ni cien o doscientos", señala la jueza vizcaína.