Bilbao. Los 67.000 empleados públicos que dependen del Gobierno Vasco deberán esperar hasta última hora para calcular el presupuesto familiar para compras navideñas. Patxi López ha optado por no tomar una decisión acerca de la supresión de la paga extra a los funcionarios antes de las elecciones del 21 de octubre, esquivando así un asunto muy espinoso que amenazaba con emborrar el discurso antirrecortes que abandera de cara a la cita con las urnas. Consciente de que la naturaleza legal de la medida aprobada por Mariano Rajoy le obliga a asumir el recorte, el líder del PSE pasa la patata caliente al próximo inquilino de Ajuria Enea.
La consecuencia más directa será que miles de familias vascas no sabrán si disponen de este colchón, que supone alrededor del 7% de los ingresos anuales de un funcionario, hasta pocos días antes de Navidad. Cabe recordar que los trabajadores del sector público acumulan una importante pérdida de poder adquisitivo desde la rebaja de sueldo del 5% que efectuó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que López decidió asumir. En 2011 y 2012 su sueldo ha estado congelado mientras los precios siguen al alza. Además, el propio Patxi López aprobó a comienzos de este año una batería de recortes para los funcionarios de la CAV con el objetivo de ahorrar cerca de 100 millones, que incluyó una rebaja de sus ingresos en caso de baja por enfermedad.
La supresión de la paga extra de Navidad aprobada por el Gobierno central en julio avanza otro golpe al bolsillo de un colectivo que ya ha dado numerosas muestras de descontento con la gestión de López. El paquete de recortes aprobado a comienzos de año vía decreto fue acogido por ELA y LAB con un paro prácticamente de jornada completa en el sector público el 9 de febrero, y el 31 de mayo hubo más paros y manifestaciones de funcionarios para exigir al lehendakari que no aplicara los ajustes de Rajoy.
También las centrales de ámbito estatal han organizado numerosas protestas contra los recortes en el sector público a lo largo del año. Sin ir más lejos, hoy la Plataforma Intersindical vasca que encabezan CCOO y UGT de Euskadi ha convocado a sus afiliados a diversas concentraciones en las tres capitales de la CAV para rechazar las medidas de ajuste con la vista puesta en la marcha a Madrid que ambos sindicatos llevarán a cabo el sábado.
La confrontación con los agentes sociales no hizo que López guardara en el cajón sus planes de ajuste en el sector público en enero, pero en esta ocasión, a prácticamente un mes para las elecciones, el lehendakari es consciente de que las prioridades son otras. Las urgencias presupuestarias que han sido el motor de muchas de sus decisiones a lo largo de a legislatura han dado paso a un discurso de oposición a los tijeretazos llegados desde Madrid, como el copago sanitario o la limitación del acceso a la ayuda de 400 euros. En el caso de la supresión de la paga extra de Navidad, el propio Ejecutivo vasco llegó a asumir en verano que "probablemente" no tendría más opción que acatarla, pero al adelantar las eleciones a octubre ha visto la posibilidad de lavarse las manos y dejar que sea el próximo lehendakari el que tome una decisión al respecto.
La portavoz del Gobierno de López, Idoia Mendia, declaró ayer que el nuevo ejecutivo que salga de las urnas tiene tiempo suficiente para tomar la decisión que considere oportuna, a pesar de que es posible de que en diciembre el Gobierno del PSE continúe todavía en funciones si se da la circunstancia de que para entonces no se ha alcanzado un pacto entre partidos que permita formar nuevo gobierno. En ese caso deberá ser el propio López el que tome una decisión sobre la paga extra, aunque en cualquier caso habrá logrado evitar hacerlo antes de las elecciones.
Si ya hay nuevo lehendakari, este deberá elegir entre retirar la extra o mantenerla y dejar que sea el Gobierno de Madrid el que recurra a la vía judicial para imponer su supresión, como se ha propuesto hacer la Diputación de Bizkaia. Habría una tercera posibilidad, articulada por el Ejecutivo navarro, que consistiría en acatar la ley básica pero tomar medidas que compensen la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Mendia explicó ayer que su gobierno no ha podido hacer lo mismo que en Nafarroa porque el Parlamento está ya disuelto, insistiendo, a pesar de lo apretado del calendario, en que el próximo lehendakari "tiene margen" para activar una fórmula de este tipo.
