Madrid. La amnistía fiscal parcial aprobada por el Gobierno se extenderá también al dinero en metálico, según la orden ministerial que concreta el decreto-ley de la regularización de activos ocultos y que ayer entró en vigor. Una medida a la que se opusieron desde el principio tanto el Gobierno de Navarra como el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma Vasca.

Según el texto definitivo, cuando "se trate de dinero en efectivo será suficiente la manifestación de ser titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010". Por lo tanto, no será necesario demostrar la antigüedad de ese dinero y bastará con que el contribuyente ingrese el importe correspondiente en una cuenta corriente para regularizarlo y beneficiarse así de la amnistía fiscal. De acuerdo a la ley, podrán presentar "la declaración tributaria especial" los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de los bienes o derechos cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas.

Los bienes o derechos deberán haberse adquirido por el declarante, con carácter general, en una fecha anterior al 31 de diciembre de 2010, y se valorarán por su valor de adquisición, salvo en el supuesto de cantidades depositadas en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio en las que con carácter general se tomará en consideración su importe en la citada fecha.

El texto indica que la presentación de la declaración implica el ingreso de la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos regularizados el porcentaje del 10%, así como la incorporación de la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos. Asimismo, subraya que la declaración tributaria especial tendrá carácter reservado y deberá presentarse antes del 30 de noviembre de este año 2012.

Según el Gobierno, el denominado Programa especial de regularización de activos ocultos permitirá recaudar un total de unos 2.500 millones de euros. Además, ayer también entró en vigor la orden ministerial que desarrolla el gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de participaciones cuya repatriación tendrá una imposición del 8%.

En cambio la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) creen que la legalidad de la extensión de la aministía fiscal al dinero en metálico puede quedar en entredicho. A su juicio, es discutible que se pueda regular una amnistía por decreto ley, pero también lo es el hecho de que el asunto del dinero en efectivo se haga mediante una orden ministerial que puede ser contraria a las normas de pruebas del Código Civil y de la Ley General Tributaria. Fuentes de IHE han calificado esta medida de "pésima idea" y han alertado del riesgo de blanqueo de capitales que puede significar. Además, han subrayado que no solo desincentiva el cumplimiento del pago de impuestos, sino que también lo hace con la regularización voluntaria de la situación fiscal de los contribuyentes. Asimismo, la Organización de Inspectores también se pregunta que, en el caso de que la norma se declarare inconstitucional, en qué situación se quedarían las personas que se hubieran acogido a esa amnistía, una vez que ya ha aflorado el dinero ilegal.