Vitoria. El problema ya viene de lejos. Concretamente desde junio de 1992, cuando Michelin fue autorizado por la dirección general de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social a gestionar con personal médico propio la asistencia sanitaria de los accidentes que se producían entre sus trabajadores. Esto es, tutelar el parte de bajas de cada accidentado en su totalidad, sin intermediarios, desde su diagnóstico inicial hasta el tiempo necesario para su recuperación, entre otros. Se trataba, y lo sigue siendo en la actualidad, de un sistema legal pero polémico para los trabajadores y, desde luego, anómalo en el funcionamiento de la mayor parte de las empresas, donde lo habitual en este tipo de casos es que sea una mutua de accidentes de trabajo ajena a la empresa la que se responsabilice del tratamiento médico sanitario de los accidentes de trabajo y problemas de salud que se produzcan en los centros.
En este contexto, las consecuencias de la aplicación de este sistema mantuvo una tónica razonablemente estable en los primeros años, sin embargo en 2003 se produjo un punto de inflexión entre el número de accidentes totales y las bajas producidas en la fábrica de Vitoria. Con una cifra similar a la de años anteriores, esta vez las bajas disminuyeron "de forma escandalosa", recordó ayer Santiago Ruiz, delegado de Prevención de ESK, sindicato que el 14 de octubre de 2010 denunció a Michelin ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Álava por varios accidentes de trabajo que no causaron baja a pesar de lo cual sí recibieron "un tratamiento irregular de permisos pagados, cursillos, vacaciones o, simplemente, permanecieron sin aparecer por la fábrica y sin la baja pertinente", relató Ruiz.
Propuesta de sanción Meses después, en concreto el pasado 27 de marzo, Inspección resolvió la denuncia calificando varias de las actuaciones de Michelin como faltas "graves" o "muy graves", y proponiendo una sanción al respecto. En contacto con la compañía francesa, un portavoz oficial confirmó ayer a este periódico la resolución de Trabajo, si bien aclaró que en estos momentos los servicios jurídicos de la empresa analizan toda la documentación recibida antes de llevar a cabo algún tipo de acción legal.
Si, según la versión sindical, el papel de entidad colaboradora concedido a Michelin responde a un sistema "imparcial", "injusto" y "generador de problemas" cuando se trata de solucionar una lumbalgia, un esguince o una fractura, resulta difícil de explicar la postura de la empresa cuando, supuestamente, Michelin prefiere mantener en la fábrica a trabajadores tocados antes que darles la baja. ¿A qué responde esta filosofía? "Es todo una cuestión de maquillaje; a Michelin lo único que le interesa es reducir de cara al exterior sus niveles de absentismo", denunció Iñaki Marijuán, otro representante de ESK.
En estos momentos, el índice de absentismo en la fábrica de Vitoria ronda el 5%, una cifra superior al de otras plantas hermanas como Lasarte, que roza el 4%, señaló este mismo sindicato. "Si ya de por sí es alto, imaginemos lo que sería si todos esos compañeros que trabajan lesionados estuvieran de baja, como deberían", añadió Ruiz. Tiró a continuación de estadística para confirmar su teoría. El pasado año, explicó, hubo 713 accidentes en la fábrica y sólo se produjeron 25 bajas, es decir, "una inmensa mayoría fue obligada a seguir trabajando en otra ocupación distinta o un lugar menos agresivo a pesar de haber sufrido un accidente más o menos grave", denunció.
"Queremos una mutua" Según la resolución de la Inspección de Trabajo, Michelin contempla este tipo de accidentes bajo el epígrafe LCT (Limitación de Carácter Transitorio), un modelo que sustituyó en su día a la figura de la RCP (Restricción con permiso). Esta situación "perjudicial" para la curación y salud de la plantilla ha sido denunciada por ESK, CGT, ELA y LAB. La mayoría restante (CCOO y UGT) "sigue sin querer saber nada de este asunto", lamentaron ayer los representantes de ESK, que exigieron a Michelin la paralización inmediata de este sistema y la vuelta a uno "lógico" y "normal" que no esté bajo el control de la empresa. "Queremos que sea una mutua que no defraude en el tratamiento de la curación de las lesiones, que sea imparcial y que lleve con sigilo el tratamiento de los pacientes".
La resolución de Trabajo supone el segundo varapalo judicial para Michelin tras el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria, que el pasado 7 de marzo le condenó a través de dos sentencias a pagar 165.510,25 euros en concepto de daños a la viuda de Francisco Javier Martínez, trabajador de la empresa, que enfermó en octubre de 2007 con un mesotelioma o cáncer de pleura y falleció en noviembre del 2008, sin que se le reconociera la enfermedad profesional al negar la empresa la exposición laboral al amianto.
