MADRID. En rueda de prensa junto al secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, concretó que cada infracción considerada "muy grave" conllevaría sanciones de 4,5 millones de euros y la retirada de licencia para operar.
Las infracciones se corresponden con las obligaciones de continuar con los servicios de vuelos unido a los "daños" causados y las obligaciones de respetar los derechos de los pasajeros. "El Gobierno no cejará hasta que se asuman responsabilidades de quienes pisotean derechos de pasajeros", afirmó.
