Vitoria. Los funcionarios también sufrirán directamente las políticas para ajustar el presupuesto que el Gobierno Vasco pretende introducir en 2012. Representantes de Lakua trasladaron ayer a los sindicatos un paquete de medidas dirigidas a disminuir en cien millones de euros el gasto del año que viene en personal de la administración. Entre los ajustes destacan la suspensión de las primas por jubilación voluntaria y del contrato de relevo, así como la revisión de complementos por incapacidad. A pesar de que desde Lakua se transmite el mensaje de que estos recortes, que en principio afectarían sólo a 2012, no afectarán a la calidad del servicio que prestan los más de 66.000 funcionarios del Gobierno, tanto los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación como algunos grupos políticos alzaron la voz una vez conocida la propuesta, al considerar que estos recortes repercutirán negativamente tanto en el servicio como en el empleo.

Y es que algunas medidas pueden causar importantes males al ya de por sí perjudicado mercado laboral vasco, que ha destruido más de 3.500 puestos de trabajo en el tercer trimestre del año, según Eustat. El paquete de ajustes contempla la suspensión del contrato de relevo, lo que podría afectar a 365 personas y dificulta aún más la contratación de nuevos empleados. Por otro lado, el año que viene la jubilación será obligatoria para todos los funcionarios que cumplan 65 años -se estima que unas 200 personas-.

En este sentido, el Gobierno Vasco pretende que no se cubran las plazas que queden libres pero reconoce que no se podrán amortizar todos los puestos.

A estas decisiones hay que añadir que el Ejecutivo quiere limitar las sustituciones para cubrir vacantes a determinados puestos, algo que ya se ha venido haciendo en otros sectores como la educación, lo que también será perjudicial para el empleo. También se propone limitar el acceso y la convocatoria de nuevos desarrollos de carrera en los departamentos de Interior, Justicia, Educación y Osakidetza, lo que se aplicaría "mediante acuerdo en la negociación colectiva", exponen desde Lakua. De igual modo, también se pretenden suprimir los complementos que reciben los funcionarios por incapacidad transitoria, para mantenerlos solo en los casos de baja por accidente laboral. En lo que va de año el Ejecutivo ha gastado más de 40 millones de euros en este concepto. Asimismo, se eliminarían las primas por jubilación voluntaria antes de cumplir los 65 años. Por otro lado, el plan contempla intensificar la lucha contra el absentismo laboral y reducir la interinidad en las ofertas públicas de empleo.

La deuda apremia Todas estas medidas supondrán un ahorro de 100 millones de euros. Abrumado por su creciente deuda, y tras anunciar un recorte en la mayoría de partidas presupuestarias y las prestaciones sociales, el Gobierno intenta mantener el endeudamiento de 2012 en niveles similares a los de este año, sobre los 1.038 millones de euros. La consecución de este objetivo no impedirá, no obstante, que el monto de deuda acumulada por el Ejecutivo de Gasteiz se multiplique casi por nueve desde que Patxi López llegó a Ajuria Enea.

A pesar de que numerosos agentes sociales coinciden en que esta no es la mejor forma de apretarse el cinturón, desde Lakua aseguran que los recortes a los funcionarios permitirán un ahorro "sin que supongan una merma de la calidad del servicio", explicó el viceconsejero vasco de Función Pública, Juan Carlos Ramos. El Gobierno insiste en que estas decisiones no supondrán recortes del personal, mientras que la plantilla se dotará de "mayor estabilidad" y se reducirá la precariedad. El viceconsejero de Función Pública subrayó incluso, en un intento de justificación, que estos ajustes están muy alejados del modelo de recortes planteado por el Gobierno de Catalunya "o de lo que está haciendo el PP allá donde gobierna", afirmó Ramos.