Vitoria. El acuerdo de mínimos cerrado entre las tres diputaciones en material fiscal se topó ayer con la firmeza y la defensa férrea que hace Bildu de la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. Los representantes de las tres haciendas forales acudieron al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) con sus propuestas, entre las que estaban incluidas las ya consensuadas, pero no fue posible ampliar el consenso más allá de las cuestiones consideradas básicas. Aspectos que, como adelantó este periódico en su edición de ayer, se centran en ajustes del IRPF para facilitar la salida de la crisis. Al término de la reunión, la Diputación de Gipuzkoa intentó distanciarse lo máximo posible de Bizkaia y Álava, desmarcándose del acuerdo de mínimos y avanzando en solitario por un camino en el que los otros dos herrialdes no desean transitar por diferentes motivos.

El Gobierno Vasco se sumó a las críticas guipuzcoanas tras constatar de nuevo el rechazo que genera la propuesta de reforma fiscal presentada antes del verano por el propio Patxi López. Aunque las diputaciones son autónomas en materia fiscal y Lakua sólo tiene competencias en materia de coordinación, el lehendakari ha intentado liderar una modificación global de los tributos que requiere de un clima más pausado, sin los vientos de la crisis, a juicio de Bizkaia

Uno de los puntos calientes en ese tira y afloja es el Impuesto sobre el Patrimonio. Los populares rechazan de raíz la reactivación de la tasa, un as que Alfredo Pérez Rubalcaba sacó hace unas semanas de la manga de Rodríguez Zapatero para escenificar un incremento de la presión fiscal a los ricos.

IRPF y patrimonio El PNV está abierto al debate, pero considerada que su aplicación debe ser común a las tres haciendas forales. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, incluso llegó a plantear un diálogo en torno a su implantación, pero la oposición del PP en Álava ha sido un muro infranqueable. La solución pasaba por aparcar la cuestión hasta el próximo año, sin tensiones electorales y sin la presión de las urgencias de recaudación que, en mayor o menor medida, sufren las administraciones vascas. En medio de ese complejo juego de equilibrios, Bildu apostó ayer por escenificar un enfrentamiento abierto con los partidos que lideran Bizkaia y Álava. "Ha quedado claro que [las otras dos diputaciones] no tienen ninguna voluntad de alcanzar un acuerdo en materia fiscal y que sólo están retrasando esta cuestión", afirmó la Diputación guipuzcoana en una nota de prensa con la que valoró el OCT.

Dejando a un lado del camino las cuestiones en las que hay consenso, Gipuzkoa insistió en reclamar una reforma del IRPF para incrementar la presión fiscales sobre las rentas más altas y situó Patrimonio como una exigencia irrenunciable. Hasta tal punto que anunció su voluntad de seguir adelante con su reforma fiscal sin esperar a las otras haciendas. Para hacerlo necesitará en cualquier caso de apoyos externos y solo el partido socialista vasco está en disposición de ello. De hecho, Bildu, PSE y Aralar alcanzaron en septiembre un pacto para subir los impuestos en el territorio guipuzcoano. La recuperación de la tasa sobre el Patrimonio era el acuerdo más palpable más allá de puramente ideológico.

Armonizar Esa alianza pudo ser la antesala de una reforma fiscal en Gipuzkoa al margen de Bizkaia y Álava secundada por los socialistas vascos. Una posibilidad ni mucho menos remota que tendría en cualquier caso una arista muy afiliada: el partido que controla el Gobierno vasco, la institución encargada de coordinar y armonizar en materia fiscal, se convertiría en agente necesario en el desequilibrio tributario de las diputaciones. La portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, aseguró poco antes de la reunión del OCT que sus representantes acudían al encuentro con 17 propuestas, incluida la del Impuesto del Patrimonio, si bien cualquier movimiento se producirá "siempre preservando el principio de armonización fiscal". En su valoración del OCT de ayer, el Ejecutivo no desveló ninguna carta. Fuentes del Departamento de Hacienda lamentaron que no fuera posible lograr nuevos avances en la armonización de futuras medidas tributarias. Añadieron que en Lakua existe la "percepción" de que se siguen "estrategias dilatorias" para mantener posiciones "inmovilistas", en referencia a las diputaciones de Bizkaia y Álava.