BILBAO. El intervencionismo económico del Gobierno español que encabeza el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la vida interna de las empresas bajo el argumento de una supuesta democratización y simplificación de las sociedades anónimas cotizadas en Bolsa, no cesa.

Ahora ha elaborado un anteproyecto de ley que pretende limitar de manera notable la delegación de voto por parte de los accionistas minoritarios en los consejos de administración, así como el uso de dichos votos por parte del presidente de la compañía en las juntas de accionistas de las empresas cotizadas.

La aprobación de una medida en tal sentido afectaría de manera notable a la mayoría de las grandes compañías del Ibex-35 como el BBVA, Banco Santander, Telefónica etc., que cuentan con un accionariado muy atomizado y en el que los miembros del consejo de administración apenas concentran en sus manos de forma directa un porcentaje pequeño del capital social.

La propuesta gubernamental señala que "en caso de no haber recibido instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante legal tenga que votar en nombre del accionista, este deberá abstenerse de emitir el voto".

Esto sería complicado porque en las juntas de accionistas, como máximo órgano de Gobierno de una sociedad, surgen iniciativas que no se pueden prever con anterioridad.

La iniciativa que manejan en el Ministerio de Economía obligaría al representante de los accionistas en el que se hubiese delegado el voto a "informar con detalle y previamente al accionista sobre si existiese una situación de conflicto de intereses". Para no dejar dudas a qué se refiere, el texto del Gobierno señala que puede existir ese conflicto de intereses, "en particular", cuando el representante sea un accionista de control, un miembro del órgano de administración, de gestión o supervisión de la sociedad, un empleado o un auditor de la sociedad.

La propuesta del Gobierno español, casualidades de la vida, se alinea con las tesis de ACS que cuestiona que el consejo de Iberdrola utilizará los votos delegados de los accionistas minoritarios en defensa de las tesis de la eléctrica y en contra de las propuestas de la empresa presidida por Florentino Pérez para entrar en el consejo de Iberdrola. El problema es que esta propuesta gubernamental, que parece favorecer los intereses particulares de una empresa, haría difícilmente gobernables grandes compañías como los citados BBVA o Santander donde sus presidentes, Francisco González y Emilio Botín, respectivamente, controlan con mano de hierro las sociedades, no con sus acciones, sino con las delegaciones de voto.

De salir adelante el texto, la norma restaría poder a los consejos de administración, que habitualmente acaparan las delegaciones de voto de los accionistas pequeños que declinan acudir a las juntas. La medida, de prosperar, algo que no parece probable hoy, sigue la misma línea de la denominada enmienda Florentino que obliga a las empresas a eliminar la limitación de los derechos de voto de los accionistas a un porcentaje fijado, -el 10% en el caso de Iberdrola-, independientemente del capital que posean y pese a que hubiesen sido aprobadas por mayorías democrática por los accionistas en las Juntas.