madrid. La economía sumergida alcanzó en España los 205.200 millones de euros en 2009, lo que representa el 19,8% del Producto Interior Bruto (PIB), según un estudio realizado por la consultora A.T. Kearney y Visa Europa presentado ayer. El informe indica que el volumen de economía sumergida se sitúa cinco puntos por encima de la media de Europa Occidental, en el tercer lugar -compartido con Portugal- con mayor porcentaje respecto al PIB, y el cuarto, tras Alemania, Italia y Francia, en volumen.

Por sectores, los de construcción (con 40.000 millones), autónomos (29.000), comercio (23.000), inmobiliario (19.000), hoteles y restaurantes (17.000) y transportes (12.000 millones) ocupan las primeras posiciones.

Entre los factores que favorecen esta actividad en España destacan los altos impuestos, el peso de la Seguridad Social, la amplia actividad económica desempeñada por pymes y autónomos, así como los pocos recursos de las autoridades para luchar contra esta economía, que incluye tanto trabajos como ventas no declaradas.

"algo normal" En el informe se destaca que la economía sumergida se basa en operaciones con el dinero en efectivo, ya que ofrece la posibilidad de realizar transacciones anónimas imposibles de rastrear, por lo que facilita el no declarar una actividad, trabajo o cobro.

Su localización se concentra en las interacciones entre pymes y se refleja en el alto número de billetes de 500 euros en circulación en España. Visa destacó que el número de estos billetes en el país se ha multiplicado por diez entre 2002 y 2007, y equivale actualmente a dos tercios del total del valor del dinero en circulación en España. Otra de las características de este tipo de actividad económica que no tributa a Hacienda es su amplia extensión en el tejido productivo y su percepción "como algo normal" en la sociedad, lo que aumenta la tolerancia hacia el fraude fiscal.

El informe constata que el Estado debería virar su actual estrategia de lucha contra la economía sumergida, centrándola no tanto en el trabajo no declarado, como en las ventas no declaradas a consumidores o entre empresas. Visa calcula que de esta forma podrían aflorar unos 23.600 millones de euros, reduciéndose un 11,5% el total de este sector fraudulento.

Las ventas de automóviles y repuestos, los bares, los comedores, los taxis, autobuses y transporte, los comercios no especializados y los alojamientos de bajo coste concentran este tipo de prácticas y un mayor uso de las operaciones electrónicas limitaría este tipo de ventas no declaradas, concluye el informe.

propuesta España, con cerca de 120 transacciones electrónicas por habitante y año, está por debajo de la media de la Unión Europea (en torno a 150), si bien el número de tarjetas en circulación es alto y su uso en comercios sigue creciendo (los pagos electrónicos representan en España un 16% del gasto total de las familias).