Vitoria. Finalmente sí habrá otoño caliente en la caja. Al contrario de lo que se esperaba, el PP apuró ayer hasta el último momento para anunciar que presentará un recurso de apelación contra el auto de un juzgado de Vitoria del pasado día 15 que desestimó su pretensión de que tres miembros de su partido fueran nombrados vocales del Consejo de Administración tras una sentencia previa que declaró "nula" la designación de Gregorio Rojo como consejero. Los vocales en cuestión eran Javier Maroto, Juan Antonio Zárate y Ainhoa Domaica. El PP tiene un mes a partir de ahora para redactar el recurso y presentarlo ante la Audiencia Provincia. Cuando todo apuntaba al final de una etapa de 21 meses de litigios en los tribunales, la guerra judicial continúa viva en Caja Vital.

resultado favorable Quien se encargó de anunciarlo fue Javier de Andrés, uno de los principales arietes del PP en este asunto desde que estallará oficialmente en diciembre de 2008. El secretario general del PP alavés justificó ayer el anuncio del recurso amparándose en la existencia de una contradicción entre el resultado de lo que fue la sentencia y la ejecución de la misma que tachó de "supina". Y no sólo eso. De Andrés dejó entrever incluso que ganarán. "Nuestros abogados nos dan garantías de que el resultado final nos será favorable", proclamó.

El PP formalizó la demanda para introducir en el Consejo a sus tres vocales el pasado 27 de julio, dos días antes de la Asamblea General Extraordinaria que celebró la entidad en la que, tras un acuerdo del PSE-EE y el PNV, Carlos Zapatero, ex viceconsejero de Trabajo del Gobierno Vasco, fue nombrado nuevo presidente de la entidad en sustitución de Rojo, quien dimitió el pasado 1 de julio.

conclusiones erróneas Aquel fallo que propició la salida del actual presidente de la Cámara de Comercio también determinó la nulidad de la designación de Alfredo de Miguel y de Adolfo Bruno Otxoa, que concurrían a las elecciones en la misma plancha de Rojo, aunque ambos fueron sustituidos: el primero, por el ex consejero vasco de Interior Javier Balza, y el segundo, por Fernando Velasco, de EA. De Miguel fue cesado tras conocerse su imputación en un caso de presunta corrupción urbanística en Álava, mientras que Bruno Otxoa abandonó su puesto tras cumplir 70 años.

El PP, sin embargo, reclamó la entrada en el Consejo de los tres miembros de su partido al ser la suya la segunda candidatura más votada en marzo de 2008. El auto judicial que va a recurrir el PP rechaza la pretensión de este partido, ya que señala que de la sentencia dictada por la Audiencia de Álava no se desprende "ni expresa ni implícitamente" la conclusión que extrajo el PP, es decir, que debían ser anulados también los nombramientos de Balza y Velasco