BILBAO. El elevado endeudamiento de las administraciones públicas del Estado, -aunque el del sector privado es muy superior en términos absolutos pese a que no se hable tanto-, resalta la importancia de la labor de las tres grandes agencias de rating encargadas de calificar las emisiones de deuda.
En este sentido no deja de ser curioso dados los grandes intereses en juego que el Gobierno español haga coincidir el anuncio de que supervisará, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a las agencias de calificación crediticia, con el cortejo que mantiene con alguna de ellas, en concreto Moody´s para que mantenga la calificación española en la excelente triple A, según reconoció ayer la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda española, Elena Salgado.
La ministra señaló que la CNMV supervisará a las citadas agencias de rating y se escudó en que la iniciativa parte de la Unión Europea (UE) tras el cuestionado papel desempeñado por dichas agencias estadounidenses en la crisis financiera que desencadenó la actual época de crisis económica internacional.
"Después de la crisis financiera, la Unión Europea ha visto la necesidad de completar la regulación de las agencias de calificación, claves para la estabilidad del sistema financiero porque evalúan la solvencia", resaltó la ministra Elena Salgado. España traspone así el reglamento europeo 1060/2009, que determina las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir las agencias, así como su régimen de registro y supervisión. La reforma incluye las condiciones que deben cumplir las agencias, el régimen sancionador y el régimen de colaboración entre supervisores.
Al mismo tiempo, Salgado señaló que confía en que Moody"s no rebaje la calificación de la deuda española en la revisión que prevé realizar a finales de este mes, y aseguró que el Gobierno Zapatero está dando "todos los argumentos" para persuadir a la agencia de rating para que no lo haga. Salgado no quiso dar por hecho que Moody"s seguirá la senda marcada por Standard & Poor"s y Fitch de rebajar la calificación, lo que encarecería las emisiones de deuda española.