Vitoria. No habrá otoño caliente en Caja Vital. O al menos esa es la sensación más generalizada en su entorno. Casi dos meses después de que el PP presentara una demanda de ejecución contra la entidad tras elegir ésta a Carlos Zapatero como nuevo presidente en una asamblea extraordinaria que este partido consideró "nula", un juzgado de Vitoria desestimó ayer dicha demanda, lo que ratifica de forma casi definitiva su ausencia en el Consejo de Administración de la Vital y, de paso, pone fin a casi dos años de litigios en los tribunales.
El artífice del varapalo jurídico fue el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Vitoria, que no admitió a trámite una demanda que anulaba la designación de Gregorio Rojo como presidente el 30 de marzo de 2008 y solicitaba a su vez el nombramiento como vocales del Consejo de los populares Javier Maroto, Ainhoa Domaica y Juan Antonio Zárate. Al menos hasta las próximas elecciones de 2012, los órganos de gobierno de la entidad no contarán entre sus consejeros con ningún popular. O puede que sí.
El auto del magistrado Juan José Carbonero contempla la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que deberá tramitarse en el plazo de cinco días, esto es, antes del próximo jueves. Según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS de fuentes cercanas al PP, no se descarta ninguna opción: "Estamos estudiando el auto y en función de ello decidiremos. Creemos que el fallo no analiza el fondo de la cuestión porque de ser así tendríamos más posibilidades". Por su parte, Caja Vital evitó hacer declaraciones y sólo apeló al acatamiento del auto y el respeto a la Justicia.
interpretación diferente La realidad de los hechos se remonta al pasado 27 de julio. Entonces el PP presentó una demanda para que se ejecutara la sentencia que declaró nulo el nombramiento de Rojo. Dicha nulidad había sido confirmada un mes antes, el 29 de junio, por la Audiencia Provincial, que también ratificó la anulación de las designaciones de Alfredo Bruno Otxoa y Alfredo de Miguel como vocales del Consejo de Administración. Al anularse esa candidatura, el PP reclamaba a la Vital el nombramiento de sus tres vocales al formar éstos la segunda candidatura más votada en las elecciones de marzo de 2008. En el otro lado de la balanza, la interpretación de la caja era bien diferente. A su juicio, con las dimisiones de De Miguel, Bruno Otxoa y Rojo quedaba cumplida la sentencia.
incoherente El auto hecho público ayer señala que la tutela judicial que se plantea en la demanda no puede ser concedida, ya que ésta no se desprende del fallo de la sentencia de la AP del 29 de junio. El juez asegura que en esa sentencia se mantiene la nulidad del acuerdo de nombramiento de la candidatura de Rojo y se hacía referencia a "las consecuencias que legal y estatutariamente se derivan de esta declaración". No obstante, señala que lo que ahora se pretende que se haga por vía ejecutiva no fue su pretensión principal en un principio. Asimismo, el auto señala que en los artículos 24 y 25 del Reglamento de designación de miembros de órganos de Dirección de Caja Vital "no se desprende la viabilidad de lo ahora intentado". "Desde luego la pretensión de ejecución intentada no puede encontrar adecuado y debido sustento en tales artículos", dijo ayer.