madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley Reguladora del Procedimiento Laboral que unificará en los Juzgados de lo Social todos los litigios que afecten al ámbito laboral y que hasta ahora se tramitaban en los juzgados civiles o contencioso-administrativos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que el objetivo de esta nueva regulación será "evitar el peregrinaje institucional" y "mejorar los tribunales que afectan directamente a empresarios, autónomos y trabajadores" para facilitar el proceso de recuperación económica.
La nueva regulación concentrará en la jurisdicción social todos los litigios relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones públicas y vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el acoso y la discriminación -sin incluir los de materia penal-, asuntos sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones concursales. "El objetivo de esta ley es simplificar los trámites, dar una respuesta más ágil y reducir los costes" dijo.
