Madrid. El Gobierno no está dispuesto a irse de vacaciones sin dejar antes atada la reforma laboral que le exigen desde Europa y desde el FMI. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, lo dejó ayer claro fijando para el 30 de junio la nueva fecha límite para que la reforma, pactada o no por los agentes sociales, entre en vigor. De no haber un acuerdo, será el Gobierno el que imponga los cambios que quiere por la vía del decreto. Salgado advirtió que "antes de que termine junio" el Ejecutivo pondrá en marcha la reforma sí o sí, y aclaró rotundamente que "si no hay resultados en la negociación que mantienen los agentes sociales", los cambios los impulsará unilateralmente el Ejecutivo. Además puntualizó que el tiempo se acaba y que la reforma ha de estar en marcha "en muy corto plazo". "Ha llegado el momento de contribuir a tener un empleo más estable y productivo en el futuro", sentenció.
Estas declaraciones se produjeron minutos antes de que se constatara un nuevo fracaso en la interlocución entre Gobierno, sindicatos y patronal para sellar un pacto. La reunión que celebraron ayer terminó nuevamente sin acuerdo, aunque las tres partes se han emplazado a seguir negociando en los próximos días (dos semanas según Efe). Al encuentro asistieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
Ayer se cumplía el primer plazo dado por el Gobierno para cerrar la negociación, si bien el Ejecutivo, tocado tras la imposición del decretazo y ante la amenaza de una huelga general, ha decidido dar unos días más a sindicatos y empresarios para ver si son capaces de entenderse.
Pero tal posibilidad, hoy por hoy, se ve lejana. Ayer mismo, antes de que comenzara la enésima cita con la patronal y el Gobierno, los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, reconocían que existen "grandes dificultades" para lograr un acuerdo, aunque mantenían la esperanza de que éste pudiera alcanzarse "mientras la negociación siga viva".
la realidad Tanto Górriz como Ferrer señalaron como elementos que considerarían "lesivos" para los intereses de los trabajadores y, por tanto, como detonantes de una huelga general, la descausalización de la contratación temporal o la reducción de las causas del despido y el aumento del poder empresarial a la hora de expulsar a los trabajadores de sus empresas.
En realidad, desde que empezara la negociación hace dos años, los temas clave siempre han sido el abaratamiento del despido y la rebaja de cotizaciones empresariales a la seguridad social. "La realidad es que con las posiciones de la CEOE en la mesa, es imposible el acuerdo hoy por hoy", decía Toni Ferrer.
También el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, apuntaba que el principal obstáculo para el acuerdo es el coste del despido y sus causas objetivas. El cuarto interlocutor en esta reforma, ve difícil el consenso y cree que el Gobierno tendrá que aprobar una reforma "intensa" si quiere aplacar las exigencias de la UE y de los mercados internacionales, algo que no gustará ni a CCOO ni a UGT.
comunicado Pero para todos, por el momento, la prioridad es dar la imagen de que hay esperanza. En un comunicado conjunto de tres párrafos remitido tras la reunión de ayer, los sindicatos, la patronal y el Ejecutivo aseguran que seguirán "reuniéndose en los próximos días". "Se ha constatado que persisten las diferencias entre las partes en torno a algunos de los aspectos de las relaciones de trabajo que vienen siendo tratados en la mesa de diálogo social", se destacaba en la nota conjunta que, no obstante, incidía en que se seguirá negociando. Pero poco más. En el comunicado no se especifica ni cuándo volverán a reunirse, ni a qué nivel, es decir si Corbacho y los máximos líderes empresariales y sindicales seguirán llevando las conversaciones.
