madrid. Dicho y hecho. El PSE reconoció hace apenas unos días que no se opondría a levantar el derecho de blindaje en las grandes compañías cotizadas, y así ha sido. La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados dio luz verde ayer a la denominada Enmienda Florentino, que supone la supresión de la limitación al 10% del capital de los derechos de voto de los accionistas de las empresas que coticen en bolsa, independientemente del capital que posean en las empresas.

Lejos de defender los intereses del País Vasco y de dos de sus puntas de lanza en materia económica, como son Iberdrola y Petronor, el PSE ha decidido inclinar la balanza en pos de los intereses de Rodríguez Zapatero. La enmienda ha prosperado con al apoyo de CiU, tal y como se preveía. Asimismo, recibió el rechazo frontal de PNV y ERC-IU-ICV, y contó con la abstención de Grupo Mixto y PP, que hasta el último momento no reveló el sentido de su voto.

La oposición denunció que esta norma está dirigida a beneficiar sobre todo a ACS y a Sacyr Vallehermoso, máximos inversores, respectivamente, de Iberdrola y Repsol, que deberán suprimir sus blindajes en las juntas ordinarias de accionistas que celebren el próximo año.

El diputado del Grupo vasco, Pedro Azpiazu, calificó de "grave ataque a Euskadi" a la enmienda socialista, y acusó al PSOE de lanzar esta enmienda respondiendo a "presiones ejercitadas por personas con mucho poder e intereses económicos y políticos muy concretos".

Con respecto a esto, el socialista Juli Fernández destacó que "nadie puede acusar al PSOE de defender intereses particulares, sino todo lo contrario". Azpiazu aseguró "no entender" cómo "los parlamentarios vascos del PSOE" pueden ser "colaboradores necesarios de ese daño" porque , según sus palabras, "se está poniendo en riesgo no sólo el domicilio social y fiscal de Iberdrola o Petronor" sino también, "el empleo, la actividad que genera en las empresas del entorno, la recaudación tributaria y el peso económico industrial de Euskadi". Y es que, la medida que ayer se aprobó entraña importantes riesgos: permitiría que un accionista extranjero, comprando menos de un 30% del capital, sin lanzar una OPA, podría controlar grandes empresas estratégicas como las ya mencionadas Iberdrola y Repsol, o Telefónica. En definitiva, ésta es una norma que, dada su relevancia y su repercusión en el tejido económico vasco y estatal, debería de haber sido fruto de una reflexión más pausada y debatida.

El PSOE ha tenido que ceder ante las exigencias de CiU para poder llegar a un acuerdo. El grupo catalán ha apoyado la norma a cambio de modificar su contenido para proteger el marco de las sociedades anónimas no cotizadas, que podrán mantener estos blindajes. Además, así la enmienda establece que las empresas que actualmente cuentan con este tipo de blindajes tendrán un año desde la publicación de esta ley en el BOE para adaptarse a la nueva normativa. Las sociedades que empiecen a cotizar en bolsa deberán eliminar de sus estatutos las limitaciones a los derechos de voto en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de admisión a negociación de sus títulos.

El PSOE tenía prisa y en un principio pretendía que los blindajes se suprimieran antes de enero de 2011, algo que, tras aplicar las modificaciones de CiU, no ocurrirá hasta mediados del próximo año. "La enmienda de CiU tampoco soluciona el problema, lo único que hace es aplazar la modificación", comentó ayer al respecto el diputado del Grupo Vasco, Aitor Esteban. Por otra parte, cabría plantearse que a partir de ahora las empresas familiares van a pensárselo mucho antes de salir a bolsa, ya que perderían estos blindajes.

El diputado vasco, Pedro Azpiazu destacó en la comisión que la UE "no solamente no regula, sino que ni siquiera recomienda que se regule sobre esta materia", echando por tierra así uno de los argumentos del PSOE para justificar su enmienda. Del mismo modo, el jeltzale, resaltó que el PSOE incluyera a EEUU como ejemplo de país comunitario en el que ya se han introducido modificaciones sobre este respecto. "Nos aventuramos a afirmar que aún no se ha producido la integración de USA en la UE", apostilló con ironía. Fuentes de Iberdrola aseguraron ayer que la entidad "respetará" la decisión que se tome en el Parlamento, pero recuerdan que esta enmienda aún deberá pasar por el Senado y volver al Congreso para ser aprobada de forma definitiva. El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre afirmó que el acuerdo alcanzado es "sagrado" y, por tanto, el pacto se mantendrá en la tramitación de la norma en el Senado.