- El Gobierno Vasco aprobó ayer el Proyecto de Ley de Gestión Documental Integral y Patrimonio Documental de Euskadi, que regulará la gestión y el tratamiento del patrimonio documental recogido en los archivos públicos y privados. Este texto busca dar respuesta en el contexto de la sociedad digital a los retos marcados para la gestión integral de los documentos.

En este sentido, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, explicó que los archivos viven una situación de transición, tanto en el ámbito público como en el privado, ya que la información electrónica ha crecido de forma notable y constante, lo que supone que los documentos se generan y almacenan en la actualidad en diferentes sistemas y formatos, lo que implica una convivencia entre el papel, los sistemas mixtos y los electrónicos.

El proyecto de ley recoge también el Patrimonio Documental de Euskadi que incluye todos los documentos de titularidad pública y privada con más de 50 años de antigüedad desde su creación, así como todos los documentos inscritos en el Registro de Patrimonio Cultural Vasco.

Así, esta nueva norma se ocupará de la gestión integral de documentos de titularidad pública, de su tratamiento y su organización en los archivos, de la configuración, protección y preservación del Patrimonio Documental de Euskadi y de la estructura, organización y gestión del Sistema de Archivos de Euskadi, en el que quedarán integrados los sistemas que deben tener las entidades públicas y privadas concernidas por esta ley.

La norma, según lo dispuesto por el Ejecutivo, también incluirá los derechos y obligaciones de quienes sean titulares de archivos privados integrantes del Patrimonio Documental vasco, así como todo lo relativo al acceso de la ciudadanía a los documentos de titularidad pública custodiados en el Sistema de Archivos de Euskadi.

Cuando la nueva ley entre en vigor, una vez aprobada por el Parlamento Vasco, reconocerá a todas las personas el acceso a los documentos recopilados. Las personas que los dañen se enfrentan a multas de entre 50.000 y 300.000 euros.