madrid - El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tras incorporar las enmiendas del Senado, con los votos del grupo popular y duras críticas por parte de la oposición. La ley, aprobada por 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, entrará en vigor el 1 de enero y establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.
Los grupos de la oposición coincidieron en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso, mientras que el grupo popular defendió que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en Internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas. La reforma recibió también críticas de las entidades de gestión, la compañía tecnológica Google y el mundo de la cultura, que desde hace semanas ha protagonizado movilizaciones contra lo que ha denominado la “ley Lassalle”. Entre otras medidas, la ley establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por los agregadores de contenidos o buscadores de Internet por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable. La norma mantiene el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una medida transitoria hasta que legisle al respecto la UE. Y establece multas de hasta 600.000 euros para las web que tengan como principal actividad facilitar de manera masiva la localización de contenidos piratas e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos infractores.
En lo que se refiere a las entidades de gestión de derechos de autor, se regula un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago por parte de los usuarios de derechos de propiedad intelectual. Tras la aprobación de la ley, el ministro Wert expresó su satisfacción y declaró que “una ley por sí sola no es capaz de cambiar los hábitos”.
Mientras, Google aseguró estar “decepcionada” por la aprobación de la ley y anunció que valorará sus “opciones en el marco de la nueva reglamentación”. “Estamos decepcionados porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web”, indicó la empresa. Las entidades de gestión creen que “se ensaña contra el sistema de propiedad intelectual a favor de otros sectores económicos ajenos a la creación y perjudica a los titulares de derechos, que van a sufrir una nueva disminución de sus rentas”. La Coalición de Creadores aseguró que la reforma “nace muerta” pues “no resolverá el gravísimo problema de piratería digital que sufre el país, ya que sus mejoras son insuficientes”. Destaca que el texto aprobado “es exactamente el que ha querido aprobar el Gobierno, impuesto sin consenso político y sin atender a las demandas de empresas, profesionales y otros titulares de derechos”. - Efe
Editoras de noticias. Establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable.
Compensación por copia privada. Mantiene de forma transitoria el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital. Permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio.
Enseñanza e investigación. Respecto al uso de fragmentos de obras en la enseñanza e investigación permite la utilización gratuita de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada (universitaria y no universitaria) y la investigación.
Multas. Establece multas de hasta 600.000 euros para las web que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores.
Ventanilla única. Se establece para las entidades de gestión un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago. Para ello, impone a las entidades la obligación de constituir una persona jurídica privada a la que se le encomiende la tarea de centralizar las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.
Plazo de protección. Amplía el plazo de protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, de 50 a 70 años.