bruselas. La Comisión Europea presentó ayer una revisión de las normas que regulan las ayudas públicas de los gobiernos europeos al sector audiovisual, con el objetivo de ampliar el apoyo a las coproducciones en la Unión Europea y también extender los subsidios a "todas las fases de producción", incluidos los distribuidores y las salas de proyección, y no limitarlas a la producción como hasta ahora. Con estos criterios, Bruselas espera seguir apoyando la diversidad cultural de cada Estado miembro, pero "sin crear distorsiones" en el mercado interior, para lo que se crea un marco armonizado frente a la gran diversidad de modalidades que existen en la actualidad.

La idea es reforzar la "dimensión europea" de la industria e impulsar su competitividad, manifestó en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de competencia, Joaquín Almunia. Por ello, el Ejecutivo comunitario establece que las ayudas "se extiendan a todas las fases" de una obra audiovisual, "desde su concepción hasta su proyección en salas", y no solo a su producción como ocurre hasta ahora, indicó. Ello permitirá apoyar a las salas de proyección e incluye la posibilidad de concederles fondos para su modernización.

territorialidad Los gobiernos seguirán teniendo un techo máximo para los subsidios públicos que podrán dedicar al sector audiovisual, pero varía la "intensidad" de las ayudas. Así, un país podrá aportar fondos para hasta el 50 % del presupuesto de un rodaje en su territorio, una ayuda que podrá ser mayor, hasta de un 60 %, para las coproducciones que impliquen a varios países de la UE.

Pese a que el Ejecutivo comunitario plantea cambios en los criterios de asignación de los fondos, sí mantiene el concepto de "territorialidad" que obligará al beneficiario a gastar un porcentaje determinado de la ayuda en el país que se la ha concedido. Esta obligación, en cualquier caso, no podrá exceder el 80% del presupuesto total de la producción. Almunia afirmó que la Comisión "nunca" ha puesto en duda que los Estados miembros puedan fijar que un mínimo de la ayuda que conceden se gaste en su territorio, sino que las nueva reglas establecen un "marco jurídico sólido" y aseguran que la exigencia es "proporcional", para mantener el "equilibrio justo" entre los intereses nacionales y los europeos. Además, no habrá límites en los apoyos a guiones y desarrollo de producciones audiovisuales, por su especial situación, así como para las obras consideradas de "especial dificultad". Los criterios para enmarcar a este tipo de producciones serán de la competencia de las autoridades nacionales.