madrid. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, una modificación parcial y urgente que, según el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, se debatirá a partir de ahora con los sectores afectados.
La reforma se dirige a tres frentes: un mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Administración, un refuerzo de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual en la lucha contra la piratería y una revisión del concepto legal de copia privada. El Gobierno propone un régimen sancionador tanto para las entidades de gestión que no cumplan con la norma como para las web que reiteradamente incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos ilegales.
En el caso de las entidades de gestión, las sanciones administrativas pueden llegar a una multa por importe del 2% de su recaudación en el ejercicio anterior mientras que para las páginas con contenidos ilegales se prevén cantidades que van desde los 30.000 a los 300.000 euros. La reforma pretende reforzar la eficacia de los mecanismos de la Comisión de Propiedad Intelectual en los procedimientos abiertos frente a las demandas interpuestas por los titulares de derechos que consideran que sus obras están siendo utilizadas sin su permiso en Internet. Así, se contempla que la Comisión pueda requerir a las empresas con publicidad en páginas con contenidos ilegales que retiren sus anuncios, y a las empresas de pagos electrónicos que interrumpan sus servicios. La norma dotaría a la Comisión de una mayor capacidad para actuar frente a las páginas de enlace o prestadoras de servicios que contienen listados amplios con contenidos ilegales.
Para agilizar los procedimientos, el texto aprobado incluye un tablón de anuncios electrónico para que las páginas denunciadas, en la mayoría de los casos alojadas en el extranjero, puedan ser notificadas. Asimismo, frente a la imposición actual de denunciar "obra a obra" por parte del titular de derechos su supuesto uso ilegal, se podrá pedir la retirada de un catálogo de obras e, incluso, todo el repertorio de una discográfica en un solo expediente.
reacciones Las 8 entidades de gestión de derechos de autor aseguran en un comunicado conjunto que el anteproyecto de reforma perjudicará "gravemente" a los ciudadanos y beneficiará "considerablemente" a las multinacionales tecnológicas. Por su parte, la Asociación de Internautas critica el anteproyecto al considerar que "se universaliza el pago del canon digital, se limita el concepto de copia privada y se criminaliza el enlace". Y la Asociación de Usuarios de la Comunicación asegura que la reforma supone la "muerte de la copia privada" ya que, dice, se ilegalizan prácticas de acceso a los contenidos hasta ahora permitidas.
