madrid. El abogado especializado en propiedad intelectual David Bravo ha denunciado que la Comisión Sinde le prohíbe difundir los nombres de sus miembros, a los que ha tenido acceso como defensor de un expedientado y que considera de interés público. Cultura defiende que dichos miembros están amparados por la Ley de Protección de Datos.
El letrado informó en eldiario.es de que el 20 de junio pasado "y en representación de un cliente contra el que se dirigía un procedimiento" alegó que el artículo 35 b de la Ley 30/92 le daba derecho a conocer los nombres de los funcionarios públicos que estaban decidiendo sobre si una página vulnera o no la propiedad intelectual. Si en la Comisión "hay alguien que tenga intereses en el procedimiento", "en ese caso la Ley me permite recusarlos", advierte. En este sentido, denuncia que los nombres "no han sido publicados en ningún boletín oficial y, lo que es aún más grave, las propias personas contra las que dirigen los procedimientos tampoco saben quiénes firman las resoluciones". David Bravo indica que quería acceder a la información como defensor del expedientado, pero también con la intención de hacer pública una información que "debería serlo desde el inicio". "Me ignoraron esa y todas las veces que repetí el requerimiento en nombre de muchos otros clientes que me habían apoderado", informa Bravo. Al tiempo que el abogado hubo accedido a la información, se enteró de que ésta estaba sujeta a la Ley de Protección de Datos. "Para mi sorpresa, me advierten de que si revelo esos nombres se me multará e iniciarán contra mí posibles acciones civiles y penales", explicó.
