A tenor de los titulares, las columnas de opinión, las tertulias y el propio auto de la Sala de Apelaciones del Supremo, el procesamiento del fiscal general del Estado es procedente o no en función de la camiseta ideológica de cada cual. Y lo mismo ocurre, corregido y aumentado, cuando se suscita la cuestión de si el prácticamente inevitable paso por el banquillo de Álvaro García Ortiz debería obligarle a dimitir. Como tantas veces, va por banderías. Así, los próximos al Gobierno español –empezando por su presidente y la totalidad del gabinete– defienden que la presunción de inocencia debe imperar hasta el último momento y, por tanto, el inminente reo debe seguir en su puesto. A la inversa, las derechas políticas y mediáticas no tienen la menor duda de que quien encabeza la institución que persigue los delitos no puede aferrarse al cargo estando acusado de haber cometido uno. Ambas posturas serían muy representables si sus sostenedores se mostraran igual de firmes independientemente del color político del imputado o encausado. Evidentemente, no es así. Se aplica sistemáticamente la doble vara, de modo que los míos no tienen por qué dimitir, mientras que los otros deben hacerlo sin perder un segundo. Personalmente, y al margen de siglas, siempre que no haya un cúmulo de indicios contundentes, me inclino por la continuidad en el puesto hasta que haya una sentencia firme de culpabilidad. Tenemos docenas de ejemplos de personas que vieron truncadas sus carreras por un procesamiento del que acabaron resultando limpios de polvo y paja. La sentencia favorable no les devolvió a su situación anterior ni les reparó el daño que se les había infligido. En ese sentido, apuesto por la prudencia. Claro que el caso que nos ocupa me resulta excepcional. Es fácil que no se pueda probar lo que se le imputa a García Ortiz. Sin embargo, su comportamiento posterior, con el borrado repetido de sus dispositivos informáticos, no le deja en buen lugar. Debería apartarse.