El PP sigue sin aprender la máxima del gran cínico Josep Tarradellas: en política se puede hacer cualquier cosa menos el ridículo. Como pueden ver a la izquierda de esta página, conforme al guion esperado, después de que las asociaciones oficialistas de víctimas de ETA en acción combinada con el ultramonte mediático sacaran los colores a los genoveses por dejarse colar una reforma legal que acorta las penas de destacados miembros de la banda, las huestes de Feijóo corrieron al Senado como pollo sin cabeza para tratar de evitar que la norma llegue al BOE. Retorciendo otra vez el reglamento gracias a su mayoría absoluta en la cámara alta, consiguieron, efectivamente paralizar el trámite. Aunque sus terminales lo vendieron como un gran éxito, la cosa no va más allá de una patética prórroga que no se puede extender más allá del próximo lunes. Es decir, seis tristes días para continuar alimentando la polémica pirotécnica sin que haya más desenlace posible que la aprobación de la ley y su consiguiente aplicación con los efectos ampliamente descritos: 44 presos de ETA y, con ellos, varios centenares de reclusos de diversa condición verán reducidas sus condenas.
En el plano ético, nos podrá gustar más o menos la consecuencia de la reforma, pero aparte de que se trata de la traslación monda y lironda de una directiva de la Unión Europea, el PP haría mejor en taparse. Hasta Vox ha mostrado una migaja más de decoro al reconocer que sus representantes no estuvieron finos cuando se sometió el asunto a su consideración, lo que ocurrió hasta en tres ocasiones en el Congreso y una más en el Senado. Queda para la antología del bochorno la intervención del diputado popular José Manuel Velasco cuando se debatió la propuesta en la cámara baja. “Es una reforma que llega con dos años de retraso”, proclamó el gachó antes de acusar de la demora a Pedro Sánchez, “que está más ocupado en ir contra los jueces que en tener una normalidad legislativa”. Glups.