Este mes de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). Es la tercera modificación que se va a producir en la historia de nuestra ley institucional básica desde su entrada en vigor en 1982. Tras las operadas en 2001 (para eliminar el proceso automático de elección de la Presidencia del gobierno de Navarra) y en 2009 (que incluyó, entre otras cuestiones, la posibilidad de disolución anticipada de nuestro Parlamento Foral), la modificación ahora en curso –que algunos han calificado de reforma exprés– tiene por objeto culminar la transferencia a Navarra de la competencia exclusiva de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La eterna transferencia “inminente”.
Han sido muchas las veces que a lo largo de estas cuatro décadas se ha escuchado entre las paredes de nuestro Parlamento Foral que la llegada de la transferencia era “inminente”. En boca de diferentes consejeras y consejeros de Interior y delegadas y delegados del Gobierno de España en Navarra de diferente color político. Sin embargo, su materialización ha sido tal carrera de obstáculos que a día de hoy todavía no se ha hecho realidad. Y el último capítulo constata un nuevo retraso. En el debate al que tuve la oportunidad de asistir en la Cámara Baja junto con el vicepresidente del Gobierno Foral, Félix Taberna, pudimos contemplar 176 votos a favor y 169 en contra. Todos los grupos políticos del Congreso votaron a favor, salvo PP y Vox. No hubo sorpresas. Son los dos únicos partidos políticos que votaron en contra en el Parlamento de Navarra el pasado mes de mayo cuando echó a andar esta reforma exprés.
Esto supone que el trámite se dilata, una vez más. Ahora el texto de la modificación de la LORAFNA se remite al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, para continuar con su tramitación parlamentaria. Ante la previsible negativa del PP, por su reciente posición en Pamplona y Madrid, la modificación tendrá que volver otra vez al Congreso de los Diputados donde la previsión es que se apruebe, en coherencia con el posicionamiento de la Cámara del pasado 10 de septiembre. Un nuevo retraso a la asunción definitiva de la competencia de tráfico para Navarra consecuencia de la actitud obstruccionista del PP y Vox a pesar del mandato mayoritario que las y los representantes de navarras y navarros certificaron el pasado mes de mayo en el Parlamento Foral con 45 votos a favor de 50.
El franquismo no tardó tanto en sustraer una competencia histórica de nuestra policía de carreteras, antecesora de Policía Foral, desde su creación en 1928. De un plumazo el ministro franquista teniente general Camilo Alonso Vega despojó a Navarra de esta potestad que ahora PP y Vox luchan denodadamente porque no recuperemos y dio entrada a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sin “pasarela” alguna. Aquello si fue “inminente”. E inapelable, en el marco de una dictadura. Pero lo curioso es que, ante aquella usurpación, los propios miembros de la Diputación franquista, al tener que asumir el trágala, lo consideraron como una suspensión temporal del ejercicio de sus derechos y se reservaron “volver a recuperar el ejercicio de las facultades hoy transigidas cuando las circunstancias lo vinieran a exigir”. En definitiva, mandatarios de la Diputación del propio régimen en 1962 mostraron una conciencia con nuestros derechos históricos mayor que la de los actuales dirigentes del PP y Vox en 2024.
Culminar la transferencia de tráfico no es ni más ni menos que cumplir con la LORAFNA, nuestra norma institucional básica, que ahora ha habido que modificar por una peculiar interpretación del Tribunal Supremo que provocó la anulación del Real Decreto por el que se pretendía materializar el traspaso en abril de 2023. Y ha habido que llegar a esto porque el Tribunal Supremo contradiciendo el criterio que sostienen los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra, los del Parlamento Foral, el Consejo de Navarra, el Tribunal Constitucional e incluso el mismo Tribunal Supremo en sentencias anteriores ha negado ahora que la de tráfico y seguridad vial sea una competencia reconocida en la LORAFNA y amparada en su derecho histórico.
Y es que a la tradicional resistencia política de unos partidos estatales muy centralistas ante cualquier avance y desarrollo en nuestro autogobierno foral hay que sumar una jurisprudencia revisionista cada vez peor, con el paso de los años. Y la modificación en trámite no hace sino recoger expresamente y con claridad en la propia LORAFNA que las funciones de vigilancia y control del tráfico corresponden a Navarra y que será la Policía Foral la que ejerza la competencia. Para que no quede ninguna duda.
Una vez aprobada y entrada en vigor esta modificación exprés vendrá el momento de cómo se va a prestar la competencia exclusiva de la Comunidad Foral en el marco de los acuerdos que sean adoptados por la Junta de Transferencias entre Navarra y el Estado. Acuerdos sobre una competencia plenamente recuperada que la Policía Foral podrá prestar en exclusiva. Y ahí se verá el papel que se reserve a otros cuerpos policiales como los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a quienes se reconoció la posibilidad de la llamada “pasarela” en la Ley Foral de Policías de 2018 por la mayoría parlamentaria de aquel momento.
¿Veremos culminar esta transferencia? Sinceramente lo espero. Desde hace años. Años en los que los gobiernos estatales –del PSOE y del PP– no han demostrado la voluntad política exigible para ello. Lo espero desde que el mismo Partido Popular que ahora se opone lo comprometió con el presidente Miguel Sanz por boca de José María Aznar allá por el lejano año 2000. Lo espero desde que en 2018 el Gobierno presidido por Uxue Barkos y Geroa Bai arrancaron un compromiso para ello del entonces recién llegado presidente Pedro Sánchez. Lo espero desde que el propio Pedro Sánchez lo comprometió con el Grupo Vasco (EAJ-PNV) ese mismo año y luego lo recogió negro sobre blanco y con plazo como compromiso de investidura en 2019. Lo espero también desde que, en 2023, Sánchez lo volvió a prometer con nuevo plazo a EH Bildu a finales de la pasada legislatura en el marco de un acuerdo presupuestario… Enseguida llega 2025. A ver si, ahora sí, es inminente.
En cualquier caso y a pesar de los obstáculos permanentes no debemos cejar en el empeño de dar cumplimiento al compromiso del acuerdo programático firmado entre PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin, de que se siga “avanzando en el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento, procediendo al inicio inmediato de negociaciones por parte del Gobierno de Navarra para la transferencia por parte del Estado de las competencias reconocidas a Navarra por la LORAFNA”. En estos momentos son las competencias de I+D+i y becas las que están en curso, también con dilaciones. Porque como dijo con motivo del debate sobre tráfico del Congreso del otro día, el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: “El modelo descentralizado redunda en beneficios para la ciudadanía”. En definitiva, porque más autogobierno implica mejor servicio para la ciudadanía de nuestra comunidad. Más vale tarde que nunca.
Presidente del Parlamento Foral y Presidente de EAJ-PNV de Navarra
