Del 1 de julio al 31 de diciembre próximos, el Gobierno español ejercerá la Presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE, que no la “la presidencia de la UE”, figura que no existe. El Consejo de la UE está compuesto, en sus distintas formaciones, por representantes gubernamentales de cada Estado miembro –no necesariamente del Gobierno central– y, a diferencia del Parlamento Europeo, no está fundamentado en la representatividad democrática directa, sino en una representatividad territorial, al estilo de las segundas cámaras en los sistemas federales. Sin embargo, el Consejo sigue siendo, en buena medida, el centro de poder de decisión institucional de la UE, con potestades en la definición de diversas políticas y de su coordinación, así como con funciones ejecutivas y legislativas, que comparte con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo, quien, con el tiempo, ha ido adquiriendo mayores y notables poderes en los ámbitos legislativo y presupuestario, en conformidad lógica con su naturaleza y legitimidad democráticas.
Las presidencias rotatorias del Consejo de la UE se encargan de impulsar los trabajos del Consejo en sus vertientes legislativa y política, ejerciendo un papel de intermediación y búsqueda de consensos y puntos en común entre los Estados miembro para hacer avanzar a la Unión en sus políticas y garantizar la continuidad del programa de acción de la UE. Para ello, la presidencia debe realizar un trabajo político de planificación, impulso y conciliación y preside las reuniones del Consejo en sus distintas formaciones (salvo el Consejo de Asuntos Exteriores y el Eurogrupo). Igualmente, representa al Consejo en las relaciones con otras instituciones de la UE. Y todo ello debe realizarlo en estrecha coordinación con el presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Uno de los puntos débiles de las presidencias es su corta duración –seis meses–, cuando sabemos que, en la mayoría de las ocasiones, muchas políticas y decisiones de la Unión necesitan de un periodo de maduración y consenso muy amplios, y que van más allá de los seis meses. A las presidencias, en consecuencia, les corresponde iniciar ciertos debates, madurar otros y culminar algunos, atendiendo siempre a las urgencias y a situaciones imprevisibles de las que estamos siendo testigos en los últimos tiempos.
Una de las características de la presidencia del segundo semestre de este año es que supondrá, en la práctica, el término de la legislatura de la Comisión y del Parlamento Europeo, previsto para junio de 2024 –la presidencia belga del primer semestre del año que viene quedará coja y no será “plena”, en su sentido político y práctico–, lo que augura un trabajo intenso de los trilogos o triálogos de concertación y acuerdo entre las tres instituciones comunitarias responsable de la legislación comunitaria –la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo–, al objeto de culminar en el máximo posible el programa legislativo de la Unión.
Sea como fuere, lo que parece claro es que para la Unión Europea el año 2023 seguirá estando presidido por la incertidumbre, especialmente, por el devenir de la guerra de agresión del régimen de Putin contra Ucrania y sus consecuencias económicas, energéticas y geopolíticas. Nadie sabe a ciencia cierta lo que puede ocurrir. Pero, con todas las limitaciones, en nuestra mano estará seguir avanzando en la Autonomía Estratégica de la UE y de Euskadi para hacernos más resilientes y capaces en los órdenes político, económico, social y cultural de cara al presente y al futuro, haciendo frente a los retos más acuciantes y manteniendo el rumbo a largo plazo.
En este sentido, hay determinados ámbitos donde es inexcusable avanzar: el Pacto Verde Europeo, con la reforma global del mercado de la electricidad como reto fundamental; la era digital, haciendo frente también a los riesgos actuales y futuros de las dependencias estratégicas adoptando medidas para garantizar un acceso adecuado y diversificado a las materias primas fundamentales; la revisión de la gobernanza económica europea con el objetivo de seguir teniendo una economía competitiva y al servicio de las personas; una Europa de la Salud para hacer frente con fortaleza a las consecuencias en organización sanitaria pública provocadas por la pandemia y por la evolución demográfica; una Europa más fuerte y responsable en el mundo, impulsando las relaciones con América Latina y el flanco sur europeo, así como las futuras adhesiones de los países balcánicos, Ucrania, Moldavia y Georgia; y una Europa más cercana a los ciudadanos y más democrática para la defensa de nuestro modo de vida y de nuestras libertades democráticas, frente a potenciales agresiones externas e internas.
Desde Euskadi, seguiremos aportando a todos estos desafíos desde nuestra personalidad y modelo propio. Pero la oresidencia española del Consejo de la UE debe necesariamente servir para profundizar, al menos, en dos aspectos muy relevantes para la sociedad vasca desde los puntos de vista democrático y del desarrollo económico y social. El primero se refiere a la necesidad de articular los mecanismos adecuados para permitir la plena participación de las Instituciones Vascas en el Consejo de la UE, con especial mención, a los Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) y de Asuntos de Interior y de Justicia (Consejo JAI). Y el segundo, lograr que el Consejo Europeo avale la creación de la Eurorregión Atlántica como instrumento político para que nuestro territorio vasco no quede desplazado de los grandes ejes de desarrollo económico e industrial europeos.
Respecto al primer punto, no es necesario insistir en que la Unión Europea es una comunidad de valores y un espacio político, jurídico, económico y social de naturaleza interna, que no se puede considerar del ámbito de las relaciones exteriores clásicas.
El Derecho Comunitario es derecho interno, no externo. Y la jurisprudencia del TJUE es clara en este sentido. Lo que se decide en la UE nos incumbe y nos afecta de manera plena y directa. La Unión Europea adopta cientos de decisiones en multitud de ámbitos que, según el ordenamiento interno del Estado español, responden a competencias que corresponden a Euskadi. Si las Instituciones Vascas no pueden participar en Bruselas en el proceso de toma de decisiones del Consejo de la UE y, por el contrario, lo hace el Gobierno del Estado, el Gobierno central se está arrogando la toma de decisiones sobre competencias que no le corresponden. Y eso supone trastornar y perturbar el orden competencial en el Estado español.
La praxis que el Estado español desarrolla desde siempre en el Consejo de la UE supone un socavamiento –uno más– de nuestros poderes y competencias contempladas y reconocidas en el Estatuto de Gernika, en la medida que el Gobierno central ejerce en Bruselas competencias en materias cuya titularidad corresponde a las Instituciones Vascas.
La segunda prioridad es el impulso a la constitución de la Macrorregión Euroatlántica en la que están involucrados el País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía y las Islas Canarias, así como a cuatro Estados, como es el español, el portugués, el francés y el irlandés. Y podríamos incluir al País de Gales, aunque hoy día el Reino Unido no forme parte de la UE.
El reconocimiento oficial de la Eurorregión Atlántica facilitaría a Euskadi trabajar mejor y trabajar de otra manera con los territorios involucrados, en un espíritu plenamente europeo y europeísta. Porque las Macrorregiones, así como la cooperación transfronteriza en general, forman parte del ADN del proyecto europeo.
Y, además, permitiría a la UE apostar por el Eje Atlántico, como factor de equilibrio y de cohesión territorial ante el aumento de la perifericidad de Euskadi y de los citados territorios de los ejes de desarrollo económico europeo, representados en las “bananas” azul –cuencas del Rhin y del Danubio– y amarilla –eje Mediterráneo–, como consecuencia de las sucesivas y venideras ampliaciones de la UE.
Senador EAJ/PNV
