l mítico eslogan Vuelve a casa, vuelve del turrón adquiere un significado especial estos días, en los que tener una casa a la que volver no siempre está garantizado. Por ejemplo, se te inunda la casa por lluvias, o hay un incendio, o como consecuencia de unas obras el edificio se ve afectado y te desalojan. O pierdes tu trabajo, no puedes pagar la hipoteca o el alquiler, y pasas a engrosar la lista de los 55 desahucios ejecutados en Álava solo en el último trimestre de 2020. Entonces, indagas en la posibilidad de alojarte en un piso de titularidad pública (no privada) y descubres hasta qué punto es escaso el parque de viviendas municipales aquí. Nada que ver con Ámsterdam, Viena o Copenhague, donde hay una vivienda de protección oficial por cada 10 habitantes (resultado de una cultura de vivienda social cimentada desde la 2º Guerra Mundial, cuando hubo que reconstruir las ciudades bombardeadas). Sin embargo, en el Estado español, no se llega ni a un piso protegido por cada 100 habitantes: es el 9º peor registro de la Unión Europea. En el País Vasco, el parque público de alquiler toca a una vivienda para cada 91 personas.
A la vista de estos datos, no es al Olentzero sino a las instituciones, a quienes toca pedirles un aumento del patrimonio municipal de viviendas sociales, para que no haya familias con niños viviendo sin agua ni luz en las casas de Olárizu en Vitoria, o en albergues para personas sin techo. Urge un debate serio sobre segundas viviendas desocupadas, sobre rehabilitación de viviendas precarias a cambio de un alquiler, sobre políticas reales de vivienda. Porque quedarnos sin casa puede pasarle a cualquiera. Y lo que necesitamos es un colchón habitacional público para que a nadie, ante esa casuística de situaciones, escuchar el anuncio del turrón le parezca una broma de mal gusto, en vez de algo gustoso.
