Vitoria. A la espera de la llegada de nuevos inversores, las vistas del próximo jueves en las que los acreedores solicitan que se declare el incumplimiento del convenio y que se abra la fase de liquidación son el foco hacia el que se encamina todo el trabajo en el seno del Deportivo Alavés. La posibilidad de que se declare dicho incumplimiento de convenio es una realidad al no haber procedido el club a realizar los pagos en las fechas indicadas y al no contar tampoco con los recursos económicos suficientes para abonar ahora dichas deudas.

Para evitar llegar a ese extremo, fatal para un club que quedaría abocado a la pérdida del convenio -la deuda regresaría a los más de 25 millones de euros iniciales- y a la obligación de vender sus bienes para obtener el dinero suficiente para pagar a sus acreedores, los servicios jurídicos del club están trabajando arduamente para intentar encontrar soluciones y evitar que la entidad del Paseo de Cervantes se quede a un paso de la pérdida del convenio. Los contactos con los abogados de los dos grupos de acreedores demandantes -antiguos jugadores y técnicos a los que se adeudan 560.000 euros- no han surtido efecto todavía al haber rechazado estos la propuesta de diferir durante unos meses más los pagos, pero los representantes legales del Alavés siguen trabajando en esta vía para intentar convencer a los acreedores de que retiren la demanda para no propiciar la liquidación del club.

Mientras tanto, los abogados alavesistas también han presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria las alegaciones correspondientes a su defensa en el intento de evitar quedarse sin el convenio de acreedores. Entre la documentación aportada se encuentra una sentencia favorable a los intereses de la Cultural Leonesa, que sorteó una petición de liquidación el pasado mes de octubre gracias, entre otras cosas, a que se encontraba a punto de iniciar una ampliación de capital.

Se aferra el Alavés a dicha capitalización para intentar seguir el jueves el camino marcado anteriormente por una Cultural que fue demandada por la Tesorería General de la Seguridad Social por un impago de 371.000 euros. En dicho caso, el Juzgado de lo Mercantil de León desautorizó la petición de liquidación al considerar que el club iba a contar en el futuro con capacidad de pago para hacer frente a sus deudas.

El juez consideró que la Cultural había dado muestras de su disposición al pago al haber adelantado el pago de una parte de su deuda y haber abonado todas las mensualidades. Además, la puesta en marcha de una ampliación de capital por valor de 1,2 millones de euros se tomaba como una garantía de pago.

También en el caso del Alavés se encuentra abierto un proceso de ampliación de capital que puede utilizarse jurídicamente para que no se dé por zanjado el convenio de acreedores, situación que abocaría al club a la catástrofe. La posibilidad de que de forma inminente entre en las arcas del club una importante inyección económica a través de dicho proceso de ampliación es la que puede abrir al Glorioso las puertas de la supervivencia y regatear, de momento, esa posibilidad de liquidación.

Porque, lo que parece claro, es que desde la Diputación Foral de Álava no se va a proceder a contactar con los acreedores para que retiren sus demandas. Se entiende en el Ejecutivo foral de que se trata de una cuestión que compete a la directiva y así lo ha manifestado ya en repetidas ocasiones, aunque, por otra parte, desde el Palacio de la Provincia ya se ha intervenido en un par de ocasiones para evitar la subasta de los terrenos de Ibaia solicitada por la Tesorería General de la Seguridad Social.