Nuevas movilizaciones en defensa de la sanidad rural en la comarca de Añana

Valdegovía, Lantarón y Salinas, en la comarca de Añana, continúan en pie de guerra en defensa de una atención primaria de calidad en sus ambulatorios. Si ya el pasado abril respaldaron a sus sanitarios (el personal médico y de enfermería de la zona de la OSI Araba conocida como Valles I) en la huelga de cuatro días que llevaron a cabo -para denunciar que llevan ya “demasiado tiempo dando mucho más de lo exigible para evitar el colapso del servicio”- ayer la estampa volvió a repetirse a las puertas del Ayuntamiento de Valdegovía, en la localidad de Villanueva. 

Y es que “ante la ausencia de soluciones reales y la actitud impositiva mantenida por la Dirección de la OSI Araba”, allí tuvo lugar una nueva concentración, convocada desde la citada plantilla sanitaria, como muestra del profundo malestar existente entre los profesionales y como denuncia de una situación que ha dejado de ser asumible.

De hecho, “no descartamos convocar nuevas jornadas de huelga si la OSI Araba persiste en negarse a una negociación real de nuestras condiciones de trabajo”, manifestaron; al tiempo que avanzaron que, a partir del próximo lunes (1 de junio), el personal facultativo dejará de realizar actividad de autoconcertación (horas extra), con las consecuencias directas que ello tendrá para la población, en forma de ausencia de médicos y consultorios cerrados.

“Teniendo en cuenta que, de las seis plazas médicas existentes, actualmente solo cuatro están cubiertas y que durante el periodo vacacional se ausentará aproximadamente el 50% de la plantilla, es posible que durante buena parte del verano únicamente permanezcan abiertos dos de los cinco consultorios que atienden a los tres municipios”, matizaron, quienes ya han dado traslado de su situación a Inspección de trabajo, el Consejero de Salud y Ararteko.

Situación “injusta e insostenible”

Asimismo, volvieron a dar las gracias a la población por “acompañarnos en esta lucha, porque la pérdida progresiva de derechos y el deterioro de la atención sanitaria nos afecta a todos”, subrayaron, cansados de una situación que tildaron de “injusta e insostenible”.

En concreto, hicieron hincapié en que un sistema sanitario público no puede sostenerse sobre el agotamiento físico y emocional de sus profesionales. “Tampoco puede considerarse sostenible un modelo que mide su funcionamiento únicamente a través de ratios asistenciales o indicadores de actividad, mientras ignora deliberadamente el deterioro de las condiciones laborales, el desgaste de las plantillas y el progresivo abandono de profesionales del sistema público”, argumentaron.

Además, añadieron que la realidad de la atención sanitaria rural exige mucho más que estadísticas. “Exige equipos estables, cobertura suficiente y condiciones laborales que permitan desarrollar la actividad asistencial sin poner en riesgo la salud de quienes sostienen diariamente el sistema. Sin embargo, en la OSI Araba se sigue normalizando un modelo basado en la sobrecarga estructural, la falta de personal y el recurso constante al sobreesfuerzo de los profesionales”, aseguraron.

Desde la plantilla de Valles I tampoco consideran aceptable mantener la asistencia a costa de vulnerar derechos básicos relacionados con la conciliación familiar y personal, el descanso o la propia salud laboral; ni que la falta de planificación estructural termine recayendo sobre unas plantillas exhaustas. Y menos aún que, “mientras esto ocurre, se traslade a la opinión pública una imagen de normalidad sustentada en datos y ratios que no reflejan ni la presión asistencial real, ni la complejidad de la atención, ni las enormes dificultades organizativas que afrontamos cada día”, afirmaron.

Profesionales quemados y calidad asistencial deteriorada

Además, insistieron en que la Dirección de la OSI Araba “conoce perfectamente esta situación desde hace años. Pese a ello, las respuestas siguen siendo insuficientes, temporales y claramente alejadas de la magnitud real del problema”, y en que las consecuencias de esta forma de gestionar han ocasionado “profesionales quemados, crecientes dificultades para fidelizar y atraer personal, deterioro de la calidad asistencial y un modelo sanitario cada vez más frágil y dependiente del sacrificio individual de quienes trabajan en él”.

Por todo ello, quisieron dejar claro que la sostenibilidad del sistema sanitario público no puede construirse sobre la explotación encubierta de sus profesionales. “No podemos seguir asumiendo responsabilidades extraordinarias para cubrir déficits estructurales mientras se invisibiliza el coste personal, familiar y profesional que esto supone", explicaron.

Terminaron reconociendo ser plenamente conscientes de que su decisión de poner límites a esta situación puede implicar cierres de consultorios y nuevos desplazamientos para parte de la población. Sin embargo, "también sabemos que continuar sosteniendo artificialmente este modelo mediante nuestro esfuerzo personal solo contribuye a perpetuar la situación”, apostillaron, no sin antes reincidir en que se han cruzado todas las líneas rojas. “Se está poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra conciliación familiar y la propia calidad de la atención sanitaria que merece la ciudadanía. Defender unas condiciones laborales dignas no es un privilegio. Es una condición imprescindible para garantizar una sanidad pública segura, humana y sostenible”, concluyeron.