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Beneficios fiscales para poner coto a la despoblación de la zona rural
La Cámara alavesa aprueba actualizar la normativa para que pueblos con menos de 500 habitantes y menos servicios puedan acceder a estas deducciones
Las personas que vivan en pueblos alaveses de menos de 500 habitantes van a poder reducir sus impuestos a través de deducciones fiscales en cuestiones como la vivienda, mediante la compra, el alquiler y la rehabilitación; o bien cuando abran un nuevo negocio o incluso por el simple hecho de estar empadronadas.
“Se estaba produciendo una injusticia entre vecinos de unos pueblos y otros porque no había un criterio por población y servicios si no por un estudio sociológico de 2019. Este cambio conllevará muchos beneficios para la zona rural alavesa”
Y es que el Pleno de las Juntas Generales de Álava ha aprobado esta semana revisar el marco de apoyo fiscal a los núcleos rurales en riesgo de despoblación. Una propuesta del PP que, finalmente, ha concluido en una enmienda transada entre populares, jeltzales y socialistas.
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“Se estaba produciendo una injusticia entre vecinos de unos pueblos y otros porque no había un criterio por población y servicios si no por un estudio sociológico de 2019. Este cambio conllevará muchos beneficios para la zona rural alavesa”, ha señalado la secretaria general del PP alavés, Ana Salazar.
Listado obsoleto
El listado de núcleos en riesgo de despoblación se modificará porque el que rige actualmente “no pisa la tierra, la verdadera realidad del territorio, muchos no tienen ni luz ni agua, está obsoleto”, ha indicado, quien considera que incorporarse o no a la citada lista “tiene que ser más ágil” y se debe atender a dos criterios: la población, a fin de garantizar la progresividad, coherencia y la eficacia de los incentivos en el medio rural alavés, y la falta de servicios disponibles.
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“Hay que aumentar el número de núcleos que se beneficien de las deducciones. Nuestro criterio es núcleo de menos de 500 habitantes, y así se incluyen más. Al fin y al cabo, los de más de 500 habitantes tienen mejores servicios y menos riesgo de despoblación”, ha apuntado Salazar.
Así, con el objetivo de actualizar la normativa, se ha acordado realizar un diagnóstico que permita identificar de forma objetiva las zonas o núcleos en riesgo de despoblación, atendiendo, entre otros, a criterios de población, accesibilidad a servicios básicos y tejido económico. Todo ello en colaboración con el Departamento foral de Equilibrio Territorial. Los criterios de inclusión serán de aplicación desde el 1 de enero de 2026.