La Comisión de Ética de la Diputación alavesa ha respaldado la actuación de la diputada de Medio Ambiente, Amaia Barredo (PNV), que está siendo investigada por una presunta prevaricación administrativa cometida en su puesto anterior, el de viceconsejera de la misma materia en el Gobierno Vasco.
Amaia Barredo, que era viceconsejera de Medio Ambiente, y el director de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco, Javier Agirre, fueron denunciados por una plataforma ecologista por haber autorizado un proyecto de valorización de residuos en Bergara (Gipuzkoa) en contra del criterio del Ayuntamiento.
La Fiscalía ha elevado una denuncia por estos hechos a un juzgado de Vitoria. Fuentes de la Diputación han explicado que no les consta que el juzgado haya iniciado la investigación y que tampoco a la diputada le ha llegado ninguna comunicación del juzgado.
Ahora, la Comisión de Ética ha respaldado que la diputada siga en el cargo, aunque si finalmente se abriera un juicio oral contra la diputada recomienda su cese cautelar.
Esta postura de la Comisión coincide con la del diputado general de Álava, Ramiro González, quien tras conocer el caso dijo que tenía "mucha confianza" en Barredo y esperaba que se archivara, pero reconoció que si la causa termina en juicio Barredo no podría continuar en la Diputación.
Barredo anunció que iba a pedir su comparecencia en las Juntas Generales de Álava para dar explicaciones, aunque todavía no hay fecha para ello.
La causa tiene su origen en una denuncia ecologista en torno al proyecto presentado en Bergara por la empresa "Valogreene Paper".
Esta empresa quería crear allí una planta de "producción ecológica de cargas minerales" a partir de residuos de la industria papelera, en el polígono industrial Larramendi, similar a otra planta que tiene en Elche.
El proyecto se presentó ante el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana, dirigido por EH Bildu.
Sin embargo, la denuncia recoge que el proyecto se modificó "sensiblemente", que el Ayuntamiento revocó la autorización inicial por este motivo y que el Gobierno Vasco hizo caso omiso de ello y le dio luz verde a pesar de todo.
