El gravamen sobre grandes fortunas no se aplicará al ejercicio 2022

La afirmación se produjo en el transcurso de una comparecencia a petición propia del diputado para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, celebrada el 27 de diciembre de 2022. En este encuentro se planteó la modificación de las competencias del Concierto para la correcta gestión de este gravamen que se quiere aplicar sobre los beneficios de las grandes fortunas.

Como es conocido, esta iniciativa procede del Gobierno central y su gestión corresponderá a las comunidades autónomas. Se trata de un añadido al Impuesto del Patrimonio, que algunas comunidades no contemplan, pero sí el País Vasco. Y esa es la razón por la que no tiene un tratamiento de impuesto, sino de gravamen, para evitar recursos por una supuesta doble imposición de los destinatarios de su aplicación.

En la comparecencia, Ramiro González expresó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno central es positivo, porque con él se reconoce la competencia vasca exclusiva en esta materia y se ha buscado el canal para que sea gestionado territorialmente. También matizó que este gravamen no se puede concertar, porque no es un impuesto.

La dificultad que surgió es que la iniciativa se desarrolló en diciembre por parte del Ministerio de Hacienda y su correspondiente tramitación legislativa nacional. Sin embargo, su aplicación en el País Vasco, para evitar la inseguridad jurídica, no se ha podido llevar a cabo hasta que las Cortes Generales no aprueben la modificación del Concierto, se comunique a las diputaciones y estas elaboren y aprueben las necesarias normas forales. Por ello, el gravamen abarcará el año 2023.

Sin salvedades en las cuentas

Posteriormente comparecieron los responsables del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para aportar datos y aclaraciones al Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava, correspondiente al ejercicio de 2020, que había sido solicitado por varios grupos de Juntas Generales.

El responsable de informar en la comisión fue el vicepresidente del Tribunal, José Ángel Quintanilla Angulo, quien puso de manifiesto que, como opinión general sobre las Cuentas de la Diputación de Álava, tanto de esa institución, como del Instituto de Bienestar Social, el de Juventud y el Organismo Autónomo Bomberos; las sociedades públicas y las fundaciones en las que la Diputación tiene un 50% al menos de participación, el resultado fue “sin salvedad en las cuentas”.

Eso no quiere decir que no se localizaran algunas discrepancias o actuaciones merecedoras de consejo por parte del Tribunal. Así, el Consejo de Gobierno Foral, mediante el procedimiento excepcional previsto en la Norma Foral de Régimen Económico y Presupuestario del THA, ha convalidado gastos del ejercicio 2020 por un importe de 211.647 euros (37.509 euros de DFA, 126.016 euros del IFBS y 48.122 euros del IFJ), que recibieron informe negativo de la Intervención o del Servicio de Contabilidad, por no observar los principios de publicidad y concurrencia y modificar el contrato sin la aprobación previa del órgano competente.

Por su parte, el Instituto de Bienestar Social, Indesa 2010, Fundación Valle Salado de Añana y Fundación Artium han contratado diversos servicios y suministros sin respetar los principios de publicidad y concurrencia.

Para llegar a esas conclusiones, el tribunal ha revisado 34 contrataciones de la Diputación; 4 del año 2020 y 6 del año anterior de Bienestar Social; 4 de Juventud; 3 de 2020 y 1 de otro año de Bomberos; 15 contrataciones de sociedades públicas y 11 de Fundaciones. A ello se suma la revisión de subvenciones por un montante de 74,3 millones de euros.