El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio ha aprobado esta semana, de forma definitiva y tras más de diez años de trabajo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que definirá el urbanismo del municipio para la próxima década, posibilitando un desarrollo cohesionado del mismo. Además, se trata de un plan consensuado ya que, según subraya el alcalde, Txerra Molinuevo, “ha contado con una amplia participación social en la planificación urbanística desde los distintos foros de participación ciudadana, ambiental y de actividades económicas; así como con los distintos grupos municipales”.

El Amurrio del futuro que plantea el PGOU es un municipio más verde, compacto, abierto al Nervión y con capacidad para rejuvenecer la población. Uno de los retos que plantea es dar respuesta a la demanda de vivienda, sin llegar a agotar la capacidad de crecimiento reconocida en las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes en la actualidad, mediante la ordenación de aproximadamente 1.324 nuevas viviendas de las que alrededor de la mitad son de régimen protegido.

En este capítulo, el de la vivienda, es en el que más hincapié ha hecho la oposición. De hecho, Kepa González, de Orain Amurrio, ya ha manifestado que, a partir de ahora, “nuestros esfuerzos tendrán que ver con el desarrollo y ejecución real del plan urbanístico y, en especial, lo referido al derecho de acceso a la vivienda al ser uno de los grandes problemas de nuestro pueblo e impedir los retrasos de la ejecución del plan por aquellos agentes con intereses privados”. Con todo, mostró su agradecimiento por haber logrado el compromiso del equipo de gobierno para varias de sus propuestas, como la de establecer internamente un órgano de ejecución pública del planeamiento, dotándolo de los medios humanos y materiales necesarios para su desarrollo e impulsar el desarrollo urbanístico de las diferentes áreas estratégicas con objeto de acelerarlo al máximo en menor tiempo posible.

Asimismo, con el fin de evitar la especulación inmobiliaria, se creará un parque público de suelo para asentar sobre ellos edificaciones de todo tipo de usos que compensen, aunque sea en parte, las necesidades sociales del pueblo. “Las viviendas de promoción pública ya sean promovidas por el Gobierno Vasco o de promoción municipal que se edifiquen en el municipio tienen que ser en régimen de alquiler social”, ha explicado González; que también se congratula de que se vayan a asignar los recursos económicos necesarios “para finalizar la tramitación administrativa correspondiente a la edificación de los alojamientos dotacionales previstos en el plan (zona antiguo ambulatorio) y contratar la construcción de las viviendas cuanto antes”.

Sobre las viviendas en suelos obtenidos del 15% de cesión. “Las viviendas que se construyan sobre ese tipo de suelos serán en alquiler, salvo cuando existan obstáculos insalvables que lo impidan. Los bienes comunes, como el suelo sobre el que se asientan esas edificaciones, no serán enajenados, siendo siempre de propiedad municipal por lo tanto las viviendas que sobre él se asienten nunca serán objeto de venta privada, ni en derecho de superficie”, ha matizado. Lo que no ha logrado Orain Amurrio no ha logrado respaldo para aumentar en un 50% el impuesto del IBI a la segunda vivienda vacía, en un intento de movilizar el parque de vivienda de alquiler y dar un uso a un importante número de vivienda en esta situación; aunque sí, que en el presupuesto de este año se aprobase destinar 30.000 euros “para subvencionar la vivienda de alquiler para jóvenes entre 18 y 35 años y ayudar al empoderamiento de un sector de la población específico como es la juventud”, ha recordado González.

Aspectos “mejorables”

Otros aspectos “claramente mejorables del plan, que pedimos que fueran cambiados sin éxito”, han sido el de dar una mayor protección al suelo forestal para evitar la plantación de arbolado de crecimiento rápido (eucalipto y otras especies); modificar el número de viviendas en muchas de las Áreas Integradas, “ya que su número es tan bajo que la cesión del 15% de edificabilidad ponderada podría hacerse en dinero y no en suelo para edificar vivienda de protección pública en régimen de alquiler”; o reservar sólo para algunas Áreas Integradas Estratégicas el sistema de Cooperación “y no en todas, como es nuestro criterio, con lo que pueden quedar supeditadas a la iniciativa privada y no a la pública”, ha apostillado González, que tratará de mejorar estos y otros temas a través de la acción política y de la Ordenanza de Edificación y Urbanización que está en fase de elaboración.