Vitoria. El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha defendido "la absoluta legalidad" del contrato del Ayuntamiento con la empresa Montai, propiedad de un significado miembro del PNV, ya que cumple "escrupulosamente con la Ley de Contratación".

Urtaran ha comparecido este miércoles ante la comisión municipal de Hacienda, a petición del Partido Popular, para dar cuenta del contrato que el consistorio vitoriano adjudicó al grupo Montai para la colocación de una tarima en la exposición itinerante del Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, en 2016 por un valor de casi 6.000 euros.

El alcalde de Vitoria ha sostenido que el "contrato es legal" y cumple "con todos los requisitos" al tener "una previsión de gasto", su correspondiente "factura" y dado que no superó "los 18.000 euros se puede adjudicar directamente a una empresa".

Ha añadido que tuvo la aprobación de la exdirectora de Alcaldía y Relaciones Institucionales, Blanca Guinea, e incorporó "un documento contable en el que aparece recogido el visto bueno del interventor general porque es absolutamente legal", ha insistido Urtaran.

"Me pide explicaciones sobre un contrato en el que no he intervenido para nada de principio a fin", le ha reprochado a la portavoz popular.

"No sé qué empresas se encargaron de gestionar el contrato y hasta ahora ni sabía que se había hecho dicho contrato". "En los últimos 20 años todos los alcaldes delegan en el órgano de contratación los contratos menores", ha precisado el alcalde para no entrar en los pormenores que le pedía la oposición municipal.

La portavoz del PP en Vitoria, Leticia Comerón, ha denunciado sin embargo que "Vitoria es una pieza chiquitita dentro del entramado de un nuevo caso de corrupción del PNV" para beneficiar con contratos "a dedo" a una empresa vinculada a la formación jeltzale y ha anunciado que están analizando toda la documentación para llevar este asunto "ante la Fiscalía".

Ante este aviso, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha señalado que "no ve ni de lejos" que haya materia penal, aunque el PP tiene "todo el derecho" de recurrir a la Fiscalía si lo considera.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Erkoreka ha indicado que hay un informe de la oficina económica sobre los contratos adjudicados por el Departamento de Presidencia del Ejecutivo y el Instituto Vasco de la Memoria Gogora a las empresas del grupo Montai, que asegura que son legales aunque da unos consejos que, "de aquí en adelante" serán incluidos en los procedimientos de contratación del Gobierno Vasco.

Comerón ha lamentado que el alcalde no haya respondido "a ninguna de las preguntas" planteadas sobre "quién le dijo que contratara a Estali La Karpa (una de las cuatro empresas que forman el grupo Montai) a dedo" ni "quién le dijo a Blanca Guinea que tenía que seguir el mismo modus operandi que en el resto de Euskadi".

"Ustedes trocearon el contrato para burlar la ley. Tal vez tenga que responder a estas preguntas ante el juzgado", ha advertido el PP.

La portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, ha censurado que el alcalde diga que "la empresa era solvente y con capacidad de obra" cuando se constituyó "tres meses antes" de la exposición de Gogora y ha explicado que "en 2019 se sigue contratando a Montai con facturas troceadas de contratos menores a dedo". "Es bastante triste que la Plaza de la Memoria vaya a permanecer en la memoria por cómo se han hecho las contrataciones", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Vitoria, Óscar Fernández, ha sostenido que "hay un tufo de clientelismo" hacia una empresa "por parte de 21 municipios". "Aquí hay algo que no se ha gestionado bien", ha zanjado.

En esta comisión se había pedido también la comparecencia de la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, quien ha alegado por escrito que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y Derechos Humanos se somete" por ley "al control del Parlamento Vasco".

Gogora, dependiente de la Presidencia vasca, organizó hace cuatro años la iniciativa Plaza de la Memoria, una carpa itinerante que recorrió 21 localidades vascas para dar a conocer el testimonio de todas las víctimas y la política de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y que ha sido gestionada por el grupo Montai, propiedad del peneuvista Aitor Elorza, por un valor cercano a los 800.000 euros.