vitoria - Los proyectos del embalse de Barrón y el del regadío de Valles Alaveses quedaron ayer cuestionados por representantes de la Fundación Nueva Cultura del Agua en su comparecencia en las Juntas Generales de Álava, en la Comisión de Agricultura. Allí acudieron para trasladar los estudios económicos, de procedimientos y las opiniones de colectivos y especialistas, dejando claras las importantes lagunas que, a su juicio, tiene el proyecto.

Este trabajo había sido encargado a la Fundación Nueva Cultura del Agua por el Departamento foral de Agricultura a requerimiento de las Juntas Generales para tratar de conocer la valoración de una entidad independiente sobre el proyecto y, esencialmente, sobre el posible embalse en Barrón y para propiciar unas jornadas participativas que reflejaran la opinión pública sobre ese asunto.

Para ello la Fundación trabajó en primer lugar en el diagnóstico del proyecto, según explicó ayer en la sede juntera la responsable de ese estudio, Julia Martínez Fernández. De acuerdo con el contexto recogido en el citado informe, el plan del regadío fue desarrollada por Acuaes, una empresa pública del Ministerio de Agricultura con el fin de incrementar el regadío en 5.613 hectáreas, básicamente, en la zona de Ribera Alta, para lo cual los elementos fundamentales eran un embalse en la zona de Barrón y la red de infraestructuras de canalizaciones.

Esa instalación se calculó con un coste de 154.554.915 euros, IVA aparte, y un coste de explotación de 423.218 euros anuales. Con esas cifras, la Fundación analizó la viabilidad y pudo comprobar que “solo se crearían 24 puestos de trabajo”. En cuanto a la rentabilidad, la citada entidad pudo apreciar que era negativa, “ya que se analizaron 18 escenarios diferentes de cultivos y todos resultaron negativos. Y no solo eso, sino que además la recuperación de los costes de inversión no se lograría y los de explotación lo serían a un coste muy elevado para los usuarios”.

En cuanto a la infraestructura hidrológica e hidráulica, el estudio de los especialistas deja claro que la actuación estaba “sobredimensionada” y que la mejor alternativa al embalse de Barrón son unas balsas laterales, mucho más económicas y con menos impacto sobre el paisaje. Asimismo se analizó la necesidad de bombeo que precisaría el embalse desde Osma, que debería salvar una altura de 94 metros y además debería realizarse casi todos los años.

Finalmente, la Fundación Nueva Cultura del Agua estudió los impactos, considerando que el proyecto lo que hace es una “captación desordenada de caudales en verano” de los ríos Omecillo y Tomecillo, pero no se valoran el resto de arroyos y regatas de la zona. En este sentido, la citada entidad pone en entredicho legal la utilización de cuenca del Tomecillo, ya que está incluida en la Red Natura 2000 y, por tanto, bajo control de las autoridades comunitarias. Tampoco, a juicio de la Fundación, se ha tenido en cuenta la fauna piscícola, que pasará de tener aguas rápidas a remansadas y el conjunto de la obra terminará afectando a cuatro Lugares de Interés Comunitario (LIC) y a especies protegidas, correspondientes al Zadorra, Omecillo, Tomecillo y Ebro y poniendo en riesgo a fauna en peligro de extinción.

Junto a estas carencias, entre las conclusiones de la Fundación Nueva Cultura del Agua se añadieron que el proyecto de embalse de Barrón “no está incluido en el Programa de Medidas de la Confederación Hidrográfica, algo a lo que está obligado según lo establecido en el Acuerdo marco del Agua”. Asimismo, el informe reseña que los 24 empleos previstos lo serán a un coste muy elevado “con seis cifras cada uno”. Por último, el citado trabajo refleja que el proyecto de Acuaes adolece de un estudio de alternativas, ya que lo centra en planteamientos agrarios, pero no ganaderos de calidad.

Intervenciones de los grupos En las intervenciones de los grupos junteros se profundizó aún más en el diagnóstico que había realizado el equipo de profesionales de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Hubo interés por parte de Arantza Abecia, de Podemos, en conocer si se había previsto en el proyecto el impacto del cambio climático. El portavoz del PSE Andoni Calurano quiso saber si se conocía la opinión de los ayuntamientos de la zona y si tras las carencias detectadas se podía afirmar que el proyecto era ilegal. Fernández de Pinedo, de EH Bildu, se interesó por los incumplimientos en la Directiva del Agua, valoró en 6,5 millones de euros el impacto sobre cada uno de los 24 empleos que se van a crear y preguntó por el retorno de las inversiones. Por su parte, Eloy López de Foronda, por parte del Partido Popular, recordó que en el año 2001 la Diputación había elaborado el Libro del Agua, donde se contemplaba este regadío, y puso en duda que el proyecto tuviera alguna carencia legal.

A esas preguntas respondió Julia Martínez afirmando que no habría recuperación de costes por parte de los usuarios, sino por parte de todos los alaveses; confirmó que el proyecto no tenía estudio financiero; que las necesidades de agua para regadío estaban sobredimensionadas; que los costes de mantenimiento aumentarían por los bombeos desde Osma a Barrón; que no existe el estudio preceptivo de las zonas de la Red Natura 2000 y que tampoco existe estudio sobre el impacto del cambio climático y que la regulación de los ríos afectaría a la fauna piscícola.

A continuación intervino Nuria Hernández, también de la Fundación y coordinadora de las Jornadas Participativas que se han celebrado en la zona. Relató que hubo un primer proceso de recopilación de información y posteriormente una encuesta significativa. Posteriormente se llevaron a cabo las jornadas: una en Espejo el 21 de septiembre y otra, el 20 de octubre, en Villanueva de Valdegovía.

El proceso participativo puso de relieve que existe acuerdo en “la necesidad de agua” pero no en el “cómo” debe cubrirse esa necesidad, ni sobre si el proyecto es la solución a adoptar para hacer frente a ella.

Algunos participantes opinaron que “el proyecto implica una fuerte inversión de dinero público y que hipoteca recursos durante mucho tiempo”. También se remarcó que el modelo agrario está en evolución y que los agricultores convencionales ya están evolucionando lentamente hacia nuevas formas de agricultura. Se entiende, por lo tanto, que desde las administraciones competentes se deberían impulsar nuevos proyectos, no sólo con dinero sino también con planes tutoriales, con acompañamiento, y promover la eliminación de intermediarios entre consumidores y agricultores.

Muchos participantes remarcaron que “si el objetivo es fijar población en el territorio, es necesario priorizar otras acciones destinadas a mejorar la oferta de servicios y la calidad de vida en el territorio”. De hecho, una de las carencias más repetidas en los encuentros era la falta de Internet en los pueblos. Por ello, consideraban que lo que puede atraer y fijar más población es tener servicios de calidad y no necesariamente disponer de más agua, porque “si no eres agricultor el regadío te da igual” y hay actualmente pocos agricultores en activo en el territorio.

Se remarcó que la falta de voluntad política y la compartimentalización de la Administración tienen como consecuencias una ineficacia de las políticas públicas en el territorio. Ante este escenario se percibe como necesaria “una mayor coordinación entre administraciones, incluidas las comarcas, y se propone la creación de grupos intersectoriales e interdisciplinares para que converjan objetivos de desarrollo, especialmente entre los departamentos de medio ambiente y agricultura, y siempre en diálogo con la población rural”.