VITORIA. El fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas considera que estos nuevos hechos pueden implicar una "responsabilidad contable", según se recoge en las diligencias preliminares, a las que ha tenido acceso Europa Press.
En este documento se indica que una de las "irregularidades" investigadas se centra en el contrato de limpieza urbana y recogida de residuos adjudicado por el Ayuntamiento de Vitoria a la empresa FCC por un importe de 160 millones de euros.
Aquel contrato fue prorrogado el 27 de junio de 2014, con Maroto como alcalde de la capital alavesa, por un periodo de un año. No obstante, el fiscal del Tribunal de Cuentas considera que aquella prórroga se adoptó pese a que FCC tenían "pendientes" de ejecutar trabajos por un valor que los técnicos municipales estimaron en 820.846 euros.
El órgano fiscalizador añade que no ha sido aprobada la liquidación del contrato y que no existe "constancia" de que las prestaciones pendientes de realizar por parte de la empresa adjudicataria "se hayan ejecutado finalmente".
"SIN TENER EN CUENTA LA NORMATIVA"Por otra parte, en estas diligencias preliminares -elaboradas a partir de un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-- se apunta a otra posible "irregularidad", que en este caso consiste en el abono de una prima de jubilación voluntaria aplicada de forma "general" a todas aquellas personas que se jubilan antes de los 65 años. El Tribunal de Cuentas señala que estos pagos se hacían "sin tener en cuenta las previsiones recogidas en la normativa actual".
En el escrito, se indica que todas estas "irregularidades" pueden dar lugar a que, en su caso, "se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados". El fiscal solicita que el Tribunal de Cuentas ponga en marcha los mecanismos contemplados en su normativa con el fin de determinar si existe una "responsabilidad contable" en estas actuaciones.
El Tribunal de Cuentas, que ya ha designado a una consejera para que se encargue de este asunto, ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria que le envíe documentación relativa a todos los trámites investigados, una información que será remitida próximamente por el Consistorio al órgano fiscalizador.
Este organismo ya investigó anteriormente la gestión de Maroto en el Ayuntamiento de Vitoria. No obstante, tras una condena inicial por suscribir un contrato municipal con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado, el Tribunal de Cuentas absolvió al actual vicesecretario de Política Social del PP.