VITORIA - El grupo municipal EH Bildu argumentó ayer su negativa al proyecto de soterrar el muelle de carga de El Corte Inglés en la plaza de Santa Bárbara tras la respuesta recibida por la Secretaría General del Pleno a su petición de un informe sobre la legalidad de esa actuación. El concejal Antxon Belakortu se congratuló ayer por la respuesta recibida “para no invertir dinero público en ese soterramiento”, en el que se va a “ceder una parte de terreno público a un usuario privado y con una obra pagada con dinero público”.

La petición de la formación abertzale se centró en conocer la “cobertura legal de construir un muelle de carga de una empresa privada” y también demandó la opinión respecto a esa cesión “de forma permanente y casi en exclusiva para la actividad comercial” del espacio. Quiso saber ademas si, ante este tipo de intervenciones, es “obligatorio” que la empresa privada “contribuya a la financiación de las obras que se generen”, desgranó Belakortu. Se felicitó el edil porque el pronunciamiento “nos da la razón a nuestras tres preguntas” realizadas. En su argumentación, toma como referencia la resolución de la Secretaría, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 1999 en la que se sostiene que cualquier obra pública “se realiza en interés directo de la colectividad”. No obstante, “produce también una utilidad para los propietarios de inmuebles colindantes cuyos bienes experimentan un aumento de valor, aunque sea potencial”, concreta. En esa caso, “si el coste de la obra fuera soportado entero por la colectividad se produciría un enriquecimiento, sin una adecuada justificación. Ante la existencia de esas situaciones y “para evitarlo, el legislador ha previsto las contribuciones especiales para que los propietarios favorecidos, concurran a soportar una parte de la obra”, relató el edil soberanista. Así justificó la posición de exigir también que el centro comercial contribuya y financie una intervención, cifrada en 800.000 euros.

Se refirió también al hecho de que con la afección de una parte del aparcamiento subterráneo, se realiza un “uso privativo que impide al resto de la ciudadanía poder utilizarlo”. Desveló que este tipo de utilizaciones están sujetas a “concesiones demaniales administrativas que se otorgan por un plazo de 75 años y que deben salir a concurso público”, finalizó Belakortu. - Jose L. del C.