vitoria - La plantilla de la contrata encargada de la limpieza y recogida de basuras de la ciudad abrió ayer el calendario de movilizaciones y protestas con una primera concentración frente a las oficinas que las firmas adjudicatarias FCC y GMSM tienen en la sede municipal de Agirrelanda. Fueron alrededor de 150 operarios los que estuvieron, durante 30 minutos, solicitando la reincorporación de sus ocho compañeros que han recibido la carta de despido en las dos últimas semanas.

El calendario de reivindicaciones tiene previsto volver a repetir la acción mañana jueves y concentrarse de nuevo, también el martes y jueves de la semana próxima, antes de dar comienzo, si no hay un giro en las posiciones, a una huelga indefinida el lunes 6 de marzo.

amenaza de más despidos La reivindicación de readmisión de los ocho despedidos ya confirmados choca con los temores que se han extendido entre la plantilla de que el rosario de bajas puede aumentar, en próximas fechas, “hasta 18 personas más”, según confirmaron ayer fuentes sindicales a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. La cifra de trabajadores está actualmente en los 320 empleados, lejos del global de 364 que contempla el pliego de condiciones y que establece en esa cantidad los operarios con el puesto de trabajo fijo garantizado. A pesar de haber arrancado las movilizaciones y tener ya previstas otras tres más antes de iniciar la huelga, los trabajadores se mantienen “abiertos a poder mantener nuevos encuentros con la dirección, pero por su parte no se ha detectado ningún movimiento para celebrar alguna reunión”, concretaron desde la representación sindical.

posicionamiento de grupos La jornada fue intensa y estuvo plagada de declaraciones desde los grupos municipales que salieron al paso para expresar su punto de vista. La portavoz del PP, Leticia Comerón, achacó la situación a la “incapacidad de gestión” del alcalde, Gorka Urtaran, al que demandó “asumir la responsabilidad”. Pidió la convocatoria de reunión del Grupo de Residuos, mientras desveló que las “certificaciones de los servicios se realizan con una periodicidad semestral en lugar de mes a mes como recogía el pliego”. Además, la judicialización de todo el conflicto ha llevado a “abonar el 100% del canon anual, pese a los servicios no prestados”, aireó.

Encontraron respuesta las críticas populares en el responsable de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla, al recordar que fue el PP el que adjudicó el servicio de limpieza a FCC la pasada legislatura “con el voto en contra de todos los grupos presentes en la Mesa de Contratación. Tienen mucho que callar porque no ejercieron control y pagaron importantes cantidades por servicios que no se prestaron”, acusó.

Desde EH Bildu, su portavoz, Miren Larrion, señaló que con la actitud de despedir trabajadores “sin motivo, poco hace la contrata por mejorar su situación en la ciudad”. Por su parte, Podemos ya se ha adentrado en la búsqueda de la vía legal para rescindir el contrato de limpieza, amparándose en sentencias de casos similares. “Cuando una prestación no se ejecuta o se realiza de forma defectuosa y, si se ha privado a la entidad demandante, de aquello que tenía derecho a esperar, en ambos casos puede hablarse de incumplimiento esencial que permitiría poner fin a un contrato sin pagar indemnización”.